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Justicia Fiscal

POR LA JUSTICIA FISCAL…. El déficit fiscal de Costa Rica (alrededor del 6% del PIB) se origina en el incumplimiento tributario: la evasión fiscal y la elusión equivalen el 8,2% del PIB. Quienes incumplen el pago de impuestos no son quienes trabajan en el sector público o en el privado.
Para solucionar REALMENTE el déficit, en el Frente Amplio creemos que hay que exigir responsabilidad fiscal a los de arriba: una reforma progresiva al impuesto de renta y que quienes evadan respondan a la ley.
¿Qué es el déficit fiscal?
Evasión fiscal: enemigo del pueblo costarricense
Nuestras propuestas

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5 Mitos Austericidas: es mentira que el déficit fiscal se resuelva únicamente con recortes, es más… eso podría agravar al crisis. Una Reforma Fiscal para Costa Rica: conocé la propuesta fiscal del Frente Amplio más a fondo.

Nuestras propuestas por la justicia fiscal…

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Hacer más justa la retención que se aplica sobre ventas con tarjeta, por impuesto sobre ventas.Actualmente, empresas con pocas ventas gravadas se ven obligadas a retener de más, y eso afecta su liquidez para funcionar. Propuesta mantiene el mecanismo de retención, pero establece más % diferenciados de retención, dependiendo de nivel de ventas gravadas del contribuyente. Actualmente solo hay tres % de retención (0%, 3% y 6%). Nuestra propuesta consiste en crear 9 % de retención diferenciando por proporción de ventas gravadas por parte del contribuyente.

Crear un impuesto sobre ganancias extraordinarias obtenidas por los bancos con altas tasas de interés.Proponemos que los bancos que obtengan ganancias por encima de la media y que ofrezcan tasas de interés superiores a la media, paguen una tarifa de impuesto sobre utilidades mayor (7,5 p.p. mayor).

Aumentar el impuesto sobre propiedad de vehículos con valores superiores a 10 millones de colones.Se mantienen las mismas tarifas de impuesto sobre la propiedad de vehículos de valores menores a 10 millones de colones, y se crean nuevas tarifas superiores y progresivas solamente para vehículos de valores superiores a los 10 millones de colones.

Crear impuesto extraordinario de 12 colones sobre bebidas alcohólicas.  Se propone crear un impuesto semejante al creado en 2002 de forma temporal en la Ley de Contingencia Fiscal.

Aumentar, temporalmente, la tarifa de impuesto sobre utilidades, de 30% a 36%, solamente a los grandes contribuyentes(empresas que tributan 250 millones o más, o con renta bruta de 40 mil millones o más, o con activos de 40 mil millones o más, que corresponde aproximadamente las 400 empresas más grandes del país).  La tarifa se reduciría a partir del tercer año de vigencia de la ley, un punto porcentual por año, hasta alcanzar una tarifa de 32%.  En primer año, esta medida aumentaría los ingresos en más de 172 mil millones de colones.

En 2002, con Ley de Contingencia Fiscal, se aplicó una medida semejante, aunque en nuestra propuesta se limita el aumento impositivo a solamente grandes contribuyentes (mega empresas).

Eliminar los privilegios tributarios para los rendimientos de los fondos de inversión.Se eliminan tarifas “especiales” asignadas a rendimientos de fondos de inversión.  Se aumenta impuesto sobre rendimientos de fondos de inversión de un 5% a un 12%.

Se aumenta temporalmente (2 años) impuesto selectivo sobre cigarrillos.Aumento temporal de tarifa actual de 95% a un 100%.

Aumentar temporalmente (2 años) impuesto sobre dividendos en 1,5 p.p.Proponemos replicar medida semejante a la tomada en 2002 con Ley de Contingencia Fiscal.

Aumentar temporalmente impuestos sobre remesas.Aumento por dos años. Incluye varias tarifas distintas, que se aumentan cada una en un 10%: de 15% a 16,5%; de 8,5% a 9,25%; de 20% a 22%, de 50% a 55%.

Gravar las grandes herencias de lujo (herencias de más de 319 millones).Proponemos que donaciones o herencias de lujo paguen impuesto sobre la renta.

Bajar impuesto sobre salarios pequeños y subirlo para altos salarios. Proponemos una nueva escala tarifaria para el impuesto sobre salarios, reduciendo el impuestos sobre salarios bajos (se mantiene mínimo exento actual, y se baja de 10% a 8% imp. a salarios de entre 792 mil y 1,1 millones).

Además, se proponen tarifas mayores (escalonadas) para salarios por encima de 2,1 millones.

Bajar el impuesto sobre la renta de micro-empresas.Proponemos que se establezca una tarifa menor a la actual (pasar de 10% a 5%) en el impuesto sobre utilidades de micro-empresas (ingresos anuales brutos menores a 24 millones).

Proponemos eliminar el impuesto a los libros que propone el proyecto, e ir más allá: eliminar todos los impuestos sobre los libros. Actualmente sobre los libros pesa solo un impuesto sobre libros importados (derecho arancelario de importación, con tarifa de 1%). Proponemos eliminar el impuesto de 4% sobre libros que propone el Proyecto 20.580 y, además, eliminar el DAI que grava libros importados.

Proponemos que los bancos paguen una contribución especial temporal para financiar la educación pública.Proponemos que los bancos paguen un 5% de sus utilidades netas (después de impuestos), para financiar la educación pública. Ya antes los bancos pagaron una contribución semejante para alimentar el FIDAGRO.

Subir impuesto pagado por bancos extranjeros que prestan dinero a bancos nacionales.Con la reforma en 2014 al SBD se creó el impuesto a la banca de maletín. EN general la tarifa se estableció en un 15%, pero en la discusión y en medio de presiones, se terminó definiendo una tarifa reducida (5,5%) para los intereses que ganan bancos foráneos por préstamos que hacen a nuestra banca. Proponemos que esa tarifa se suba igualándola a la tarifa estándar.

Quitar la exoneración al alquiler por parte de organizaciones religiosas y, al mismo tiempo, crear exoneración para alquiler de locales comerciales por parte de micro, pequeñas y medianas empresas.Con el paso al IVA se gravan los alquileres. El texto del proyecto exonera viviendas (para alquileres de menos de 426 mil colones mensuales), y alquileres pagados por organizaciones religiosas. Proponemos: a) eliminar la exoneración para organizaciones religiosas; y b) que los alquileres de locales o tierras productivas por parte de Pymes o Pympas, por menos de 640 mil colones mensuales, queden exonerados.

Medicinas sin impuestos. El Proyecto de Ley elimina la exención que existe actualmente del impuesto de ventas sobre medicinas. Proponemos mantener esa exención.

Salud privada sin impuestos.El Proyecto de Ley propone gravar con un 4% los servicios de salud privada. Proponemos eliminar ese impuesto.

Educación privada sin impuestos. El Proyecto de Ley propone gravar con un 4% los servicios de educación privada. Proponemos eliminar ese impuesto.

No aumentar impuesto sobre excedentes distribuidos por Asociaciones Solidaristas o Cooperativas.El Proyecto pretende subir de 5% a 8% el impuesto sobre excedentes distribuidos por Solidaristas o Cooperativas. Nos oponemos a ese aumento que pesaría sobre los ingresos de miles de personas trabajadoras. Proponemos mantener la tarifa.

Crear un impuesto verde a envases plásticos no retornables y envases tetrabrick. Proponemos crear un impuesto de c10 sobre envases tetrabrick y de c7 sobre envases de plástico. Los recursos recaudados por este impuesto se destinarán a financiar nuestro Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Crear un impuesto sobre comida chatarra (alimentos ultraprocesados) para financiar el IVM.Utilizando definiciones de la FAO se determinan los alimentos ultraprocesados (que tienen negativas consecuencias sobre la salud humana) y se gravan con un impuesto de c1,5 por cada 5 gramos.

Hacer que el IVA se devuelva  a todas las personas en condición de pobreza.Proponemos utilizar el mecanismo de IVA personalizado que ha generado el apoyo del BID, para que el IVA promedio pagado por personas en condición de pobreza les sea devuelto mensualmente como un transferencia. Esto permitirá reducir el carácter regresivo del IVA.

Hacer que los bancos asuman el costo de la supervisión.Actualmente los bancos, públicos y privados, solo pagan el 20% del costo total de la supervisión que se les ejerce para reducir riesgos.

Esto general al BCCR un costo que supera los 20 mil millones anuales. Y se convierte, básicamente, en un subsidio a la banca.

Lo más común es que el costo de la supervisión lo paguen los supervisados, siendo que esa supervisión genera un beneficio para ellos, al reducir riesgos en el sistema.

Ante esto, proponemos que la totalidad del costo de la supervisión sea pagado por los propios bancos.

Congelar los salarios de toda la alta jerarquía del Sector Público y de funcionarios con remuneraciones superiores a 5 millones, por dos años.Congelamiento se aplica sobre remuneración total.

Congelar los montos de las dietas pagadas a miembros de juntas directivas de entidades públicas, por dos años.

Crear contribución especial sobre pensiones de lujo del Poder Judicial.Proponemos crear un tributo sobre las pensiones de lujo del PJ, para así recortar esas pensiones y aportar a estabilizar el fondo, fondo que de entrar en crisis recaería sobre Gobierno Central la obligación de cumplir con pensionados.

Congelar pensiones de lujo y salarios de lujo si la deuda supera el 60% del PIB, pero no congelar salarios y pensiones pequeñas.El Proyecto propone que si la deuda supera el 60% se congelen nominalmente todos los salarios y las pensiones, incluidos los salarios y la pensiones bajas. Proponemos que congelamiento solo aplique a grandes salarios y pensiones del Sector Público (salarios y pensiones de más 2,5 millones aproximadamente).

Parar las pensiones de lujo de Ex Presidentes de la República.Proponemos la creación de un tributo sobre las pensiones de lujo de Ex Presidentes, para recortar las otorgadas y, además, reducir las pensiones que se otorguen en el futuro y que solo se otorguen a Ex Presidentes que no posean ingresos de otras fuentes.

Reducir el financiamiento de los Partidos para las próximas elecciones municipales y nacionales. Proponemos que el gasto en las campañas políticas de 2022 y 2024 se reduzca de un 0,19% del PIB a un 0,09% del PIB. Para las municipales de 2020 ya se aplicó reducción.

Apoyamos poner un tope a las remuneraciones de altos jerarcas.Proponemos varias mejoras técnicas para la determinación del tope.

Posibilitar a la Administración Tributaria levantar el secreto bancario a personas investigadas por posible defraudación al fisco. Actualmente, si la información cubierta por secreto bancario la solicita una Administración foránea, en el marco de un Convenio de Intercambio de Información, el secreto bancario se levanta sin necesidad de autorización judicial. Mientras tanto, si la información la requiere nuestra propia Administración Tributaria, entonces se hace necesaria una autorización judicial, que implica perder valioso tiempo para evitar que se esconda riqueza producto de evasión. Nuestra propuesta consiste en igualar el procedimiento de levantamiento para nuestra Administración, igualándolo al procedimiento seguido ante solicitudes foráneas (es decir, se elimina necesidad de autorización judicial).

Bajar el monto de defraudación por el que aplican penas de cárcel a evasores.Actualmente para que exista delito de defraudación fiscal, penado con cárcel, el defraudador debe evadir por un monto de 500 salarios base o más (213 millones). Además, el monto debe ser evadido en un solo año. Así, si un evasor incumple 200 millones un año y 200 más en el siguiente, no puede ser denunciado por defraudación fiscal en vía penal.

Proponemos: a) que el umbral baje a 200 salarios base (85 millones); b) que el delito sea continuado, es decir, que se sume lo defraudado en varios años. En síntesis, proponemos que los grandes evasores vayan a la cárcel.

Obligar a que todo pago de bienes inscritos ante el registro se haga por medio de transacción en alguna entidad financiera para que quede rastro.

Con la introducción en este Proyecto del impuesto a las ganancias de capital (medida positiva) urge evitar portillos a la evasión de este impuesto. La forma más eficiente de evitarlo es obligar a que toda compra-venta de bienes muebles o inmuebles inscritos ante el Registro Público deba realizarse por medio de transacción bancaria. Prohibiendo el pago con efectivo, se reduce la posibilidad de que se reporten montos falsos para pagar menos de impuestos, pues queda el comprobante de la transacción bancaria.

Prohibir a todos los altos jerarcas tener negocios en paraísos fiscales. Proponemos prohibir a toda la alta jerarquía del Sector Público tener inversiones, cuentas en bancos, participaciones o acciones, en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales (jurisdicciones con bajo impuesto sobre la renta o sin acuerdo de intercambio de información con nuestro país).

Obligar a bancos a exigir declaración de impuesto sobre la renta a clientes que solicitan crédito, y reportar a SUGEF si cliente presenta documentos que demuestran ingresos diferentes a los declarados ante Hacienda. Para obtener créditos los clientes están interesados en demostrar la fortaleza económica de sus empresas. Ante esto, un cliente que evade impuestos podría presentar ante banco datos que demuestran fortaleza, mientras declara ingresos bajos a Hacienda para evadir impuestos. Proponemos que los bancos soliciten la información y la crucen para alertar si hay diferencias.

Establecer posibilidad de levantar velo corporativo ante usos fraudulentos de ese velo.Evasores utilizan el velo para dejar sociedades cascarón, sin patrimonio, y no hay forma de hacer responsables a las personas físicas que están detrás de esas sociedades. Proponemos que ese velo se levante cuando sociedades sean utilizadas en fraude de ley, como un recurso para violar la ley o el orden público o para frustrar derechos de terceros.

Hacer que las declaraciones patrimoniales y los intereses empresariales de todos los altos jerarcas del Sector Público se hagan absolutamente públicos.Proponemos que del “registro de accionistas” se tome la información respectiva a altos jerarcas y familiares (hasta tercer grado), y que para estas personas se haga público en cuáles sociedades tienen control. Esto es importante para evitar conflictos de interés y combatir la corrupción del uso de puestos de jerarquía para beneficiar negocios privados. Además, proponemos que las declaraciones patrimoniales que ya hacen anualmente todos los altos mandos del Sector Público se hagan públicas (actualmente son confidenciales).

Eliminar las sociedades de mera tenencia. Proponemos que en adelante todas las sociedades mercantiles estén obligadas a inscribirse ante el Ministerio de Hacienda. En la actualidad hay cientos de miles de sociedades de papel, que no están obligadas a inscribirse ante Hacienda, lo que posibilita generar entramados para evadir impuestos y ocultar patrimonios.

Cerrar el portillo a quienes eluden el impuesto sobre dividendos usando sociedades de papel.Existe una exoneración del impuesto sobre dividendos cuando los dividendos son trasladados a una sociedad de capital costarricense. Esta es una exoneración que busca que los dividendos se re-inviertan para generar crecimiento económico. El problema es que hay personas que crean una sociedad de papel (sin actividad comercial) para pasar los dividendos a esa sociedad y “saltarse” el pago del impuesto sobre dividendos. Proponemos que las sociedades que perciben los dividendos exonerados deban demostrar que son una empresa real.

Incluir una norma de subcapitalización de acuerdo con los estándares internacionales, para evitar la evasión a través de la declaración de gastos por intereses ficticios.

Incluir en nuestro Impuesto sobre la Renta el principio de libre competencia para evitar que entre empresas del mismo Grupo Económico se realicen ventas a precios que no corresponden a los de mercado para inflar gastos o reducir ingresos.

Hacer ilegal la elusión fiscal. Proponemos incluir una norma anti-elusiva general en nuestra legislación, siguiendo la propuesta del Código Modelo del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias). Esta norma establecerá que toda acción artificiosa que simplemente persiga reducir el pago de impuestos, se considera ilegal.

Prohibir que se otorguen y mantengan exoneraciones a personas físicas o jurídicas que no están al día con el fisco o con la CCSS.

Hacer que el BCCR tenga que interesarse en la generación de empleo.Actualmente la Ley Orgánica del BCCR dispone como objetivo subsidiario del Banco el velar por la plena ocupación de los recursos productivos, es decir, el empleo. Esto provoca que las decisiones del BCCR solo se orienten a bajar la inflación tanto como le es posible, mientras deja de lado poner metas de empleo para su política monetaria. Una reforma fiscal sin reactivación económica es infértil, y más bien puede generar una profundización de la crisis fiscal. Por esa razón proponemos que la plena ocupación de los recursos pase a ocupar importancia central en los objetivos del BCCR, sin eliminar de esos objetivos centrales el cuido de la estabilidad de la moneda (inflación).

 

Suspender la aplicación de la regla fiscal si el desempleo es alto.Hacer que el Estado tenga que aplicar grandes recortes mientras la economía nacional va mal solo produce una espiral de desaceleración económica. Proponemos que la regla fiscal se suspenda si el desempleo sube por encima del promedio de los últimos 10 años.

Hacer que las empresas en Zona Franca paguen una contribución anual para financiar emprendimientos rurales mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo. La contribución sería de aproximadamente 9 millones de colones anuales. Permitiría financiar más de 500 emprendimientos por año.

Impedir que la regla fiscal sirva de justificación para debilitar a inversión social. Proponemos que la regla fiscal no aplique para menoscabar derechos fundamentales restringir su alcance o negar su protección efectiva, o para erosionar el alcance y efectividad de los programas sociales.

Notas:

¹ i. Con el paso al IVA se estaría aumentando la recaudación por parte del Estado, pues se cobraría sobre servicios no básicos. Más ingresos, necesarios en la situación deficitaria vigente, y dada la necesidad de más recursos para que el Estado pueda cumplir cabalmente sus obligaciones.

ii. Con el paso al IVA se estaría reduciendo el efecto cascada, al eliminar exoneraciones sobre insumos de productos gravados. Así, estos productos no se cargarán con mayores precios a los consumidores finales. El efecto cascada: si un producto en la cadena de valor esta exonerado, el productor no puede acreditar el IVA pagado en los insumos que compró. Entonces, el productor carga ese IVA pagado como costo, siendo que termina aumentando el precio del bien y por tanto el IVA que paga el consumidor. Esto es el efecto cascada: si hay productos exonerados del IVA, se produce un aumento de los precios, y los consumidores terminan pagando más IVA que el que pagarían si todos los bienes de la cadena de valor estuvieran gravados.

iii. Con el paso al IVA se pasaría de la actual deducción física a una deducción financiera. Es decir, las empresas podrán acreditar la totalidad del IVA pagado en la generación de sus bienes o servicios, más allá de que los bienes y servicios adquiridos para la producción se incorporen físicamente al producto en cuestión.

Con esto se eliminaría el efecto cascada que provoca que actualmente partes del IVA no acreditable se pasen como costos al consumidor.

iv. Con el paso al IVA se estaría aumentando el incentivo para exigir a los profesionales liberales la facturación de sus servicios, y se estaría generando un importante indicador, a través del IVA reportado, para fiscalizar la veracidad de las declaraciones de renta que presentes los profesionales liberales.

¿Cómo se propone devolver el IVA el Poder Ejecutivo en su Proyecto? Con base en las Encuestas del INEC se calcularía el monto promedio de gasto en IVA de los hogares de los 4 deciles de menores ingresos. A los hogares del decil 1 y 4 se les devuelve promedio pagado por 2 y 3 decil. A los hogares de deciles 2 y 3 se les devuelve lo pagado en promedio por los hogares de sus deciles respectivos. Se le devuelve más a los hogares del decil 1 (más pobres) y menos a los de decil 4 (menos pobres). La devolución se haría mediante depósito electrónico a todos los hogares pobres, inscritos en base de datos del IMAS. Con este mecanismo se devuelve el IVA solo a los más pobres, siendo que así se evita exonerar bienes y servicios favoreciendo más a los que más consumen.

² Primero, que la tarifa del impuesto no se aumente del 13% actual.

Segundo, que se contemple una amplia base de bienes y servicios básicos consumidos, por las mayorías más empobrecidas, como exonerados del IVA. Servicios con funciones sociales vitales, como la educación y la salud, deberán exonerarse del IVA.

Tercero, que se avance hacia una estructura de IVA progresivo, con tarifas mayores sobre bienes y servicios suntuarios, consumidos por los hogares de mayores ingresos.

Cuarto, que se establezca un mecanismo de devolución del IVA pagado por los hogares más empobrecidos.

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