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Investigación revela fuertes indicios de existencia de estructura paralela en la campaña de Restauración Nacional

El siguiente texto es un resumen, el informe completo puede descargarse aquí.

  • Investigación independiente del diputado Villalta genera incógnitas y fuertes sospechas en el manejo de fondos de la campaña del candidato Fabricio Alvarado.

El 28 de mayo el diputado José María Villalta presentó una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público para abrir una investigación a la campaña del Partido Restauración Nacional (PRN) después de que el mismo presidente y diputado del partido denunciara la existencia de una estructura paralela de financiamiento. Sin embargo, con siete votos a favor y dos en contra, las y los diputados de la comisión rechazaron la moción. A pesar de la negativa de esta comisión para investigar posibles delitos electorales en la campaña del partido ganador de la primera ronda, el diputado José María Villalta ha continuado investigando las irregularidades. La investigación recopila datos testimoniales, notas de prensa e información proporcionada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los siguientes hallazgos corresponden a contrataciones, donaciones y manejos de contratos irregulares;

Las encuestas de Opol Consultores

Hasta el momento, datos del TSE revelan que tres partidos contrataron servicios a las empresas Opol Consultores, Sociedad Periodista El Mundo u Opinión Política C y C S.R.L., se trata del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Republicano Socialcristiano (PRSC), Todos y el PRN. Opol ha presentado varios reclamos al TSE por facturas sin pagar.

El 14 de mayo mediante un documento manuscrito , Catherina Covertino Corrales (representante de Opol) sostiene que el gasto fue autorizado por el jefe de campaña aunque el partido se niega a pagar por no haber pedido la realización de las encuestas. El 26 de julio, la periodista Yamileth Angulo que también aparece como supervisora de encuestas de Opol, alude a la existencia de un contrato donde estarían mencionadas las facturas correspondientes a los 18 millones de las encuestas. Sin embargo ambas señalan números de facturas distintos, a pesar de tratarse del mismo cobro.

Contratación y manipulación de encuestas

Al hacer su reclamo al Tribunal Supremo de Elecciones, Opinión Política C y C presentó un contrato para cuatro encuestas nacionales, pero reveló la ficha técnica de seis encuestas nacionales contratadas por el partido Restauración Nacional.

Estas seis encuestas tienen fechas de emisión del estudio de 2018, 9 de febrero, 16 de febrero, 23 de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo y 16 de marzo. En todas se establece que hay un “convenio de publicación” con “ElMundo.cr”.

Ya aquí hay algo sospechoso. En ninguna parte del contrato presentado al TSE por Catherina Convertino Corrales se habla de ese “convenio de publicación” con “ElMundo.cr”. ¿Siendo que son el mismo grupo empresarial estaríamos frente a una especie de regalía ilegal concedida al Partido Restauración Nacional o a su “estructura paralela”? Es posible que sí.

Pero más allá de aspectos contractuales que riñan con la legalidad electoral están por supuesto las cuestiones éticas. Estaríamos frente a un comando de campaña presidencial o “estructura paralela” que contrató unos sondeos de opinión que siempre arrojaron ventajas elevadas para Fabricio Alvarado, pero que además eran inmediatamente publicadas por el ElMundo.cr y reproducidas el mismo día o el día siguiente por otros medios de comunicación como los del Grupo Extra.

Si es cierto que el presidente del partido nunca supo que esas encuestas se contrataron y el candidato presidencial también se excusa, diciendo que no formó parte de los procesos de contratación, entonces la responsabilidad por esta manipulación poco ética del electorado recae sobre el comando de campaña (presunta “estructura paralela”).

Un efecto que hasta hoy persiste como resultado de la difusión de las encuestas de Opol contratadas por la campaña de Fabricio Alvarado, es la existencia de grupos de ciudadanos y ciudadanas que contrastando lo que decían la encuestas y el resultado electoral afirman que hubo fraude en las elecciones.

El 25 mayo ante las publicaciones de La Nación y otros medios OPOL Consultores hizo un descargo en su página de Facebook. Ahí dijeron que: “Nuestra empresa realizó durante el proceso electoral 2018, más de 80 estudios de opinión contratados por 7 partidos políticos, menos del 15% fueron publicados.” Y lo reiteraron el 27 de mayo: “En las Elecciones Nacionales 2018, Opol trabajó directamente con 10 candidatos a diputados que hoy son legisladores, además de 3 candidatos que no resultaron electos. (Ninguno de Restauración Nacional)… En la primera ronda del 2018, se trabajó adicionalmente con 7 partidos políticos, entre ellos no estuvo Restauración Nacional”.

Para corroborar esta información se solicitó al TSE el detalle de los 80 estudios de opinión contratados, así como copia de los contratos, recibos, facturas que respaldan los pagos a Opol Consultores, Sociedad Periodística El Mundo y Opinión Política C y C S.R.L.

A la luz de la información proporcionada por el Tribunal Supremo de Elecciones el descargo de Opol es tendencioso y falso o hay partidos, candidatos y diputados que han omitido información sobre sus gastos.

Para la primera ronda dice Opol Consultores que trabajó con 7 partidos políticos, pero al revisar liquidaciones de gastos al TSE sólo le aparecen dos, Liberación Nacional y Republicano Social Cristiano. Y al revisar registros contables el TSE sumó dos más, Restauración Nacional y Todos.

De acuerdo a la información facilitada por el TSE se está muy largo de los 80 estudios que dice Opol haber realizado. No todos los estudios hay que publicarlos en la página del TSE, pero sí todos hay que reportarlos y facturarlos.

Para Restauración Nacional según lo que se intenta cobrar se habrían hecho 6 encuestas nacionales, para el Republicano Social Cristiano se habrían contratado 3 encuestas nacionales y 2 cantonales, y para Liberación Nacional 1 encuesta denominada “Estudio sobre situación actual de los seguidores del Partido Liberación Nacional”. Es decir que para el TSE serían 12 estudios y no los 80 que alega Opol Consultores.

Liberación Nacional contrató con Opinión Política C y C una investigación facturada el 7 de diciembre de 2017 por la suma de $10,000. Para este estudio se firma una adenda del contrato original que era sólo por pauta publicitaria en ElMundo.cr el día 15 de noviembre de 2017 y se establece que: “El consultor se compromete a prestar a El Contratante servicios adicionales a los pactados, que corresponden a Análisis y seguimiento de los principales elementos de la campaña política. Estudio de la situación actual de los seguidores del Partido Liberación Nacional”. El contrato y la adenda tienen la firma de Fernando Zamora, Secretario General del PLN, Paulina Ramírez, Tesorera del PLN y Catherina Convertino por Opinión Política C y C, S.R.L.

La encuesta de diciembre de Opol

El 21 de diciembre de 2017, en período de tregua electoral, ElMundo.cr publicó una encuesta cuyos datos según la nota periodística fueron recolectados entre el 12 y el 19 de diciembre. Entre personas de la muestra decididas a votar aparecía Antonio Álvarez con 28,7% y Juan Diego Castro con un 27%.

La ficha de la encuesta que entrega Opol Consultores al Tribunal Supremo de Elecciones y que se publica en la página web de esta entidad, prácticamente es idéntica a la ficha de encuesta que presenta el partido Republicano Social Cristiano al TSE en anexo a la factura de Opol Consultores No. 274 de 23 de enero de 2018, incluyendo el convenio para la publicación en ElMundo.cr.

Mientras tanto, la encuesta efectuada por encargo del Partido Liberación Nacional dice en la ficha entregada al TSE que la información se recolectó entre el 11 y el 17 de diciembre de 2017.

Lo que sí coincide en las tres fichas mencionadas, las que entregaron Opol, PRSC y PLN; es en el tamaño de la muestra: 6,200 personas a nivel nacional. Encontramos entonces que se trata de la misma encuesta con dos partidos clientes distintos que requirieron información adicional, en el caso del PRSC datos provinciales con un costo de $18,000 y el PLN sobre el estado de ánimo de las personas liberacionistas con un valor de $10,000. Igual coinciden los datos publicados en ElMundo.cr el 21 de diciembre y el informe que entrega el PLN al TSE, en cuanto al resultado de la encuesta sobre la elección presidencial. Es decir, Antonio Álvarez con 28,7% y Juan Diego Castro con un 27%.

Convendría alertar al TSE para que establezca si se invalida el reconocimiento al gasto al PRSC y el PLN en virtud de que parcialmente la muestra se recolectó en período de tregua electoral y la publicación en ElMundo.cr se hizo en víspera de Navidad. Igual que en el caso de Restauración Nacional, aquí también cabe cuestionarse si se debe admitir que partidos paguen encuestas, como el PRSC y el PLN, cuyos resultados van a ser publicados en un medio de comunicación como ElMundo.cr sin hacer del conocimiento del electorado “quién está pagando el baile”.

Contratación de Espora

En una nota del 27 de marzo de 2018, el Semanario Universidad publica una nota con el titular; “Fabricio Alvarado contrató al “rey del internet” mexicano”. La empresa contratada es Espora, del estratega mexicano Sergio José Gutiérrez para el servicio de minería de datos, según confirmó el jefe de campaña de Restauración, Juan Carlos Campos. La nota afirma que el asesor en comunicación, Iván Barrantes fue quien inició el contacto con la empresa. Sin embargo, hasta el mes de abril de 2018 no se encuentra ningún registro contable ni pagos a nombre de la empresa Espora.

La contratación de Iván Barrantes

El consultor Iván Barrantes afirmó que trabajó por dos semanas en la campaña de Fabricio Alvarado durante las cuales realizó un trabajo de diagnóstico. El 25 de mayo publicó lo siguiente; “Doy fe pública, que utilice (sic) los recursos contratados y que RN COMPRO un paquete de tracking. En mi corta estadía traté de estructurarlo y usarlo (reuniones en Opol, y trabajo directo con Mauricio Muñoz gerente de Opol).” Al igual que el caso anterior, al TSE no se ha aportado ningún registro contable ni pagos a nombre del señor Iván Barrantes.

Los $300 mil de One Sports Costa Rica

Juan Carlos Campos reclama el pago de $300 mil al PRN por servicios prestados a través de la empresa One Sports Costa Rica que incluyen asesoría, estrategia, logística, producción de eventos, producción audiovisual, entre otros. Carlos Avendaño afirma asegura que esos gastos no fueron autorizados por el partido. De las declaraciones de Campos se desprende que One Sports fungió como intermediario, pero sin seguir los lineamientos que establece el Artículo 53 del Reglamento sobre Financiamiento de Partidos Políticos. Para que el cobro y el reclamo sean válidos, se requiere la existencia de un contrato entre una empresa jurídica o persona física y el partido, así como un documento de liquidación final.

Campos no ha dicho cuáles empresas brindaron los servicios que le cobra al PRN a través de One Sports. Además, si existe un contrato verbal entre ambas partes, nos encontraríamos también ante una infracción ya que el artículo 53 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos exige una formalización escrita y detallada de los términos contractuales. El 26 de julio, Campos junto a su abogado consideran que sus servicios se tratan de tercerización (el partido encarga a una persona la subcontratación de servicios, esta la financia con recursos propios y luego el partido le retribuye). En ambos casos (intermediación o tercerización) se requiere un contrato formal escrito entre las partes.

Reclamo de Crescendo por 115 millones de colones

Luis Alonso Naranjo Muñoz (representante de Crescendo Mercadeo y Publicidad y primo de Fabricio Alvarado) reclama al PRN el cobro de 115 millones de colones correspondientes a servicios de producción de contenido, producción audiovisual, relaciones públicas y manejo de agenda. Carlos Avendaño afirma, una vez más, que nunca hubo contrato firmado y que no se cumplió con el protocolo que establece el TSE. Naranjo Muñoz afirma que se le entregó un contrato al partido pero Avendaño no quiso firmarlo. En un comunicado posterior, el empresario declara no ser militante del PRN, rechaza formar parte de una estructura paralela y anuncia que reclamará ante el TSE y los Tribunales de Justicia.

Casa de campaña de Fabricio Alvarado

En el informe de contribuyentes voluntarios del 15 de mayo de 2018, oficio Restauración-P-2218, incluye una contribución en especie de Juan Carlos Campos Hernández, cédula de identidad 1-0910-0706, con fecha del 1 de abril de 2018 por un monto de ₡2,170,047.00 colones por concepto de “donación alquiler casa Sabana mes de febrero 2018 Factura No. 1 fecha 16-02-2018 $1,900.00 T.C. 772,82 y marzo 2018 $1,900.00 T.C. 569,31 Contratado a Inversiones Floma S.A.”

Sin embargo el contrato de alquiler es entre “Inversiones Floma Sociedad Anónima” y “One Sports Costa Rica Sociedad Anónima OSCR Deportiva”, y fue firmado el 15 de febrero de 2018. Mientras que las facturas están a nombre de “Restauración Nacional” y no de Juan Carlos Campos, como correspondería a una donación en especie.

Esta situación contraviene el Artículo 128 del Código Electoral donde se prohíbe a las personas jurídicas nacionales o extranjeras hacer de manera directa o encubierta, “contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos”.

Donante en especie inusual

En el reporte de donaciones en especie del 1 de julio de 2017 al 30 de abril de 2018 aparecen varias donaciones del señor Jonatán Picado León (cédula 1-0928-0032), intregrante del comando de campaña de la presunta “estructura paralela” por ₡8,187,053.00. Este monto corresponde al 17.38% del total de donaciones de este tipo recibidas por el PRN. Las personas físicas están autorizadas a hacer contribuciones voluntarias a los partidos políticos sin límite de suma, pero las personas integrantes del comité ejecutivo nacional tienen la prohibición de “recibir donaciones o aportes en dinero o en especie, en forma directa o valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político” (Artículo 93 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos). Resulta indispensable que el TSE indague estas donaciones con el fin de descartar la existencia de la supuesta “estructura paralela” (el informe completo incluye el detalle de las donaciones).

Servicios de publicidad sin pago

Alberto Salazar, gerente del periódico El Florense, denunció al PRN ante el TSE por una deuda de 25 millones en publicidad. Según la denuncia, Francisco Prendas (gerente de ₡25 millones en publicidad. Según la denuncia, Francisco Prendas (gerente de campaña), solicitó los servicios para la impresión de vallas publicitarias y se comprometió a pagar mediante canje con Certificados de Cesión de la eventual contribución estatal. Sin embargo, nunca se le entregaron los certificados.

Conclusiones preliminares

La presentación de la liquidación final de campaña por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Restauración Nacional permitirá continuar con las indagaciones, pero sí resulta a este momento evidente que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa cometió un grave error al rechazar la moción que presentó el Frente Amplio para que se investigaran estos hechos.

A pesar de las limitaciones que lo anterior supone, pues no se puede entonces contar con las declaraciones bajo juramento de las personas mencionadas o presuntamente implicadas o la solicitud de documentación a las instancias pertinentes, esta investigación preliminar ha permitido encontrar suficientes elementos o indicios como para afirmar que efectivamente existió una “estructura paralela” de contrataciones a la libre que parcialmente no fueron autorizadas por el comité ejecutivo nacional del Partido Restauración Nacional. No podemos establecer con la información obtenida hasta ahora si esa “estructura paralela” para las contrataciones fue más allá, asunto que sólo se resolverá continuando la investigaciones en curso.

Hubo trabajos que se hicieron pero no fueron pagados. Tal parece ser el caso de los estudios de Opol Consultores y el periódico El Florense. Hubo trabajos que no se sabe si se pagaron o no como el de la consultora mexicana Espora, el consultor Iván Barrantes. En el caso de que no se hubieran pagado podrían considerarse “donaciones en especie” y si lo hicieron sociedades jurídicas constituiría un delito electoral, según el artículo 274 del Código Electoral.

Hay trabajos de “intermediación” o “tercerización” como los de One Sports Costa Rica, que en forma independiente de que se pueda verificar su realización, su trámite no corresponde a la legalidad y por tanto no pueden ser reconocidos. Hay trabajos como los de Crescendo donde no se detallan los servicios prestados como corresponde a la legalidad.

La manipulación de las encuestas merece comentario aparte. Aquí queda absolutamente probado que Opol Consultores contrató encuestas en la segunda ronda con Restauración Nacional en donde quedaba implícita la divulgación a través un medio digital como ElMundo.cr como una especie de regalía ilegal pero además contraria a los principios éticos elementales de una contienda política. De la divulgación de las encuestas no se dice nada en los contratos, pero sí se filtró en las fichas técnicas, que hacen ver que las encuestas contratadas por el comando de campaña eran inmediatamente publicadas en ElMundo.cr por un “convenio” dentro del mismo grupo empresarial.

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