- Alquileres del gobierno deben ajustarse a la tasa de inflación.
- Según la Contraloría el 31% de los contratos de alquiler en Sector Público se firmaron con aumentos anuales de un 15%.
Un informe de la Contraloría General de la República de diciembre pasado (DFOE-SAF-IF-19-2016), afirma que la modificación a la ley de Arrendamientos Urbanos, proyecto presentado por el Frente Amplio y aprobado el año anterior, le traerá un importante ahorro al gobierno en alquileres. Dicho ahorro, según estimaciones del equipo económico del FA podría ascender a ₡6300 millones de colones para el 2017.
Esto se debe a que con la aprobación de la reforma se modifica el Artículo 67 de la citada Ley para que el aumento anual de los alquileres sea igual o menor a la tasa de inflación, y según el Artículo 159 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Sector Público deben contemplar reajustes de conformidad con ese Artículo 67 de la Ley de Arrendamientos.
Con la reforma propuesta por el FA, ya Ley de la República, los reajustes no podrán ser superiores a la inflación, este año el Banco Central estima la inflación en un 3% y actualmente según la Contraloría, 31% de los contratos de alquiler para oficinas en el Sector Público, equivalente a 206 contratos, se firmaron con aumentos anuales de un 15%, muy por encima de la inflación. Gracias a la reforma del FA, ahora los contratos de alquiler en el Sector Público no podrán firmarse con esos reajustes tan altos, lo que significará un importante ahorro presupuestario.
Para Edgardo Araya, Jefe de Fracción del Frente Amplio “este proyecto de ley que trabajamos con todas las fracciones, no solamente ya está dando frutos en los miles de familias que pagan alquiler, sino que ahora la Contraloría confirma que traerá un importante ahorro de recursos públicos en alquiler de oficinas del gobierno. Es un aporte más del FA en el control del gasto público, en donde razonablemente puede hacerse, sin afectar a los trabajadores del sector público o privado”.
Según el informe de la Contraloría, gracias a la reforma a la Ley de Arrendamientos propuesta por el Frente Amplio, “las instituciones públicas tienen un margen importante para hacer coincidir las condiciones de los contratos de alquiler con la realidad económica y fiscal actual del país, y de esta forma, avanzar hacia un gasto más eficiente por concepto de alquileres”.
