Frente Amplio denuncia riesgos jurídicos y financieros de Tratado con China

El Jefe de Fracción del FRENTE AMPLIO Gerardo Vargas Varela y el Diputado Edgardo Araya Sibaja denunciaron que una “jugada política” entre las otras bancadas, sin consultar al Frente Amplio, puso a votación el Tratado de Promoción y  Protección de Inversiones con China, sin la debida discusión y con graves riesgos para el país.

Gerardo y Edgardo

El diputado Gerardo Vargas Varela señaló que un Tratado como el planteado a discusión, requiere de un análisis pausado y cuidadoso,  pues las experiencias de litigios internacionales son por lo general perjudiciales para los gobiernos frente a las empresas privadas extranjeras. “Los arbitrajes internacionales son en esencia un negocio multinacional de cientos de miles de dólares para empresas de  abogados internacionales que lucran con ésta figura legal que esta fuera de los tribunales de los países firmantes de los tratados de inversión” señalo el Jefe de Fracción del Frente Amplio.

“Es importante señalar que el arbitraje internacional lleva los litigios a manos privadas, es decir se  privatiza la justicia, y a un altísimo costo para el país, por eso en el Frente Amplio hemos insistido en que antes de votarse este Tratado debe consultarse a nuestra Corte Suprema de Justicia su criterio sobre varios de los artículos que consideramos lesionan nuestro ordenamiento jurídico y dejan  en indefensión al país”. Manifestó el Vargas Varela

 Por su parte el diputado Edgardo Araya Sibaja,  alertó que el texto sometido a discusión deja graves vacíos jurídicos para defender los recursos naturales en particular nuestra agua, “Considero que es inaceptable la actitud de los y las diputadas del PAC que con tanto fervor criticaron otros tratados comerciales, mantengan hoy, una actitud de pasividad ante éste tratado que contiene serios peligros para la soberanía jurídica, para las finanzas del Estado y para el agua de nuestro país” Comentó el diputado Frenteamplista

 “Para el Frente Amplio es necesario que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre los artículos 8 y 9 que obligan al Estado costarricense a recurrir al arbitraje internacional renunciando a la soberanía jurídica nacional. Los arbitrajes internacionales le han costado al país del 2007 al 2015, es decir en 8 años, la suma de 13.600 millones de colones.

Por otro lado éstos tratados de Protección a los inversionistas extranjeros, deja en estado de desventaja competitiva a los empresarios nacionales y en especial a los medianos y pequeños, el inversionista extranjero pasa a convertirse en un “súper ciudadano” que no paga los mismos impuestos, que recibe exoneraciones y trato fiscal preferencial, y además resuelve su disputas jurídicas en tribunales especiales fuera del marco jurídico nacional”. Finalizó el diputado Edgardo Araya Sibaja.