Los frenteamplistas Edgardo Araya y Patricia Mora, así como el diputado Ottón Solís del PAC, presentaron una coadyuvancia en apoyo a una Acción de Inconstitucionalidad presentada contra dos pluses salariales aprobados para 46 funcionarios/as de la Corte Plena.
Entre los años 2008 y 2010 la Corte Plena se auto recetó un incremento salarial totalmente injusto, desproporcionado y en el cual evidentemente no se valoró la pertinencia del mismo desde la perspectiva del interés público.
El primer acuerdo fue adoptado en la sesión N°26 del 11 de agosto del 2008. En su artículo I se creó un plus salarial para 46 puestos gerenciales de la Institución. Este acuerdo implicó para los Magistrados y otros funcionarios pertenecientes al estrato gerencial el reconocimiento de un plus salarial mensual que iba desde los 8 mil colones hasta los 455 mil colones –dependiendo de la clase de puesto- montos que en relación con el salario base representaban un aumento de hasta un 57,6%.
El segundo acuerdo se tomó en la sesión N° 32 del 8 de noviembre del 2010. En su artículo XIV, el plus creado en el 2008 se adicionó al salario base de los mismos 46 puestos. Este acuerdo adicionó el plus gerencial al salario base, que también aumentó los montos de otros pluses que se calculan como porcentaje de dicho salario. Sólo en lo que respecta a los incrementos en el salario base mensual, se dieron aumentos de entre un 12,18% hasta un 65,67%. Esto representa aproximadamente un gasto de fondos públicos desde el 2008 a la fecha de 1.300 millones de colones.
Para Edgardo Araya “estos pluses reflejan desproporcionalidad, trato desigual y uso abusivo de fondos públicos. Esos pluses benefician a un pequeño grupo del Poder Judicial, perjudican la Hacienda Pública y afectan negativamente a todas las personas que debemos financiar estos privilegios con impuestos directos e indirectos, todo sin ninguna evidencia de que estos aumentazos hayan mejorado la eficiencia y calidad del servicio público que brindan”.
Según Patricia Mora “Es una vergüenza que éstos actos tengan lugar hoy en día, en un contexto donde se culpa a los empleados públicos de la situación de déficit fiscal, resulta que los Magistrados del Poder Judicial se auto recetan estos aumentazos desvergonzadamente, es una cachetada para la mayoría de las personas trabajadoras de este país.”
