No avanzábamos por buen camino.

En su discurso del 8 de mayo, ante la Asamblea Legislativa, el Presidente Carlos Alvarado se permitió afirmar que “los resultados que venían generándose antes de la pandemia mostraban que avanzábamos por buen camino. Y de seguido, para ilustrar ese “buen camino”, se refirió a indicadores sobre la situación fiscal y la Inversión Extranjera Directa.

No es cosa menor que el Presidente de la República afirme que se avanzaba por buen camino omitiendo un problema gigantesco, muestra contundente de la falsedad de su afirmación, puesto que no, no avanzábamos por buen camino de previo a la grave crisis generada por la pandemia, porque ya antes de esta crisis Costa Rica padecía de un gravísimo problema del desempleo y precariedad laboral.

El Presidente mencionó solo tres veces la palabra “desempleo” en su discurso y en todas las ocasiones lo hizo en referencia al desempleo como efecto de la emergencia del COVID-19. Ni una sola referencia a la grave situación del desempleo que afectaba ya a cientos de miles de personas de previo a esta crisis.

Leído de forma aislada, ese discurso presidencial, bien podría provocar que termine uno concluyendo que el problema de desempleo y la precariedad laboral es una novedad que surge como consecuencia de la crisis económica que ha traído aparejada la pandemia. Pero la realidad dice otra cosa.

De previo a la crisis (1), la tasa de desempleo alcanzó el 12,45%, lo que se refleja en aproximadamente unas 314 mil personas desempleadas. Y a esas miles de personas desempleadas se suman aproximadamente 1 millón de personas que si bien tenían empleo, ese empleo era informal (un 47% de todas las personas ocupadas)(2). En resumen: de previo a la crisis actual, ya más de 1 millón trescientas mil personas o estaban desempleadas o tenían un empleo precario.    

Y esa situación de precarización laboral y de desempleo es más intensa entre las mujeres y las personas habitantes de zonas rurales. El desempleo entre las mujeres alcanzaba a inicios de año casi un 18%, y cuando se trata de mujeres de zonas rurales, el desempleo afectaba al 20,6% de todas las que forman parte de la Fuerza de Trabajo. Y cuando se trata de la informalidad, la proporción de personas con empleos informales es mayor en zonas rurales y aún mayor cuando se trata de mujeres de zonas rurales: un 59% de las mujeres de zonas rurales que tiene empleo tienen un trabajo informal.

La precarización laboral tiene por reflejo directo la insuficiencia de ingresos de los hogares para atender hasta sus necesidades básicas.

Para que un hogar de zona urbana y de tamaño promedio (3) tenga ingresos suficientes para sus necesidades básica requiere ingresos mensuales por al menos 355 mil colones. Y debe considerarse que una muy alta proporción de hogares depende de los ingresos que genera una sola persona del hogar: una alto porcentaje de los hogares cuentan con una sola persona con trabajo remunerado (más de la mitad de los hogares que reportan alguna persona con empleo, y aproximadamente 4 de cada 5 hogares de los dos deciles con menos ingresos) (4).

Entonces, la realidad previa a la pandemia muestra que si se limita el análisis a personas ocupadas que trabajan 40 horas o más normalmente, se observa que el 40% de las personas con trabajo y que salen a trabajar jornadas completas, reciben ingresos inferiores a 336 mil colones. Es decir, 4 de cada 10 personas trabajan jornadas completas y obtienen un ingreso insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar de tamaño promedio. Y esa situación de insuficiencia de ingresos es aún más intensa en 1 de cada 5 personas trabajadoras, quienes trabajan 40 horas o más a la semana, y obtienen un ingreso de menos de 279 mil colones.

Para miles esa era ya la situación de previo a la crisis actual: o no tenían trabajo o lo tenían, y aún trabajando jornadas completas, sus ingresos resultaban ya insuficientes para las necesidades básicas de sus hogares.

Así, a la luz de esta realidad, queda claro que la visión del Presidente Alvarado padece de una grave limitación, pues su valoración del camino recorrido apenas fija la mirada en la IED y los resultados fiscales. La pretensión del Presidente es que veamos una vereda estrecha para que perdamos de vista una amplia vía. Al lado de esa vereda que magnifica el Presidente, se extiende una amplia vía que incluía ya antes de la crisis a un millón trescientas mil personas que o estaban desempleadas o tenían empleos informales y a 6 de cada 10 mujeres de zonas rurales con empleos informales. También a 4 de cada 10 personas que trabajan 40 horas o más, que ya antes de la pandemia salían a trabajar obteniendo unos ingresos que no alcanzan ni para sostener las necesidades más básicas de un hogar de tamaño promedio.

Ese era el panorama previo a la crisis. Ese fue el escenario de partida, que ahora se ve amplificado por el que se proyecta sea el mayor decrecimiento de la economía nacional en los últimos 40 años. Al 8 de mayo, se reportaban ya casi 666 mil solicitudes del Bono Proteger por diversas afectaciones laborales producto de la crisis. Será, entonces, en las estadísticas de este II Trimestre del año cuando observemos los impactos del COVID-19 sobre el desempleo y la precariedad laboral. Efectos que se vienen a sumar al ya negativo panorama pre-crisis.

No. Una sociedad no avanza por buen camino si hay miles de personas sin empleos dignos. El Gobernante debe posar la mirada en esa gran vía, en los datos que revelan una realidad que claro, suena menos alegre que los aplausos de las élites, pero no por eso deja ser real para quienes viven sus consecuencias. No dejarse llevar por la dulzura de esos aplausos y no ocultar el gravísimo problema, no ocultar que ya transitábamos por mal camino, es el primer paso para construir los acuerdos necesarios para que la “nueva normalidad” post-COVID sea una donde lo normal sea el cumplimiento del derecho fundamental a tener un trabajo honesto y útil, debidamente remunerado, que no establezca condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad humana o que degrade el trabajo humano a la condición de simple mercancía, como establece el artículo 56 de nuestra Constitución Política.


(1) Todos los datos utilizados provienen de un análisis propio, sobre la base de datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, para el I Trimestre de 2020. Y el INEC ha señalado para el caso dela ECE del I Trimestre de 2020 “por el momento en que se inicia la emergencia nacional y las directrices sanitarias, los efectos del COVID-19 no se reflejan en los principales indicadores del mercado laboral de este primer trimestre 2020”. Siendo así que estos datos son un indicador de la situación pre-crisis.

(2) El empleo informal se define así, en el diccionario de datos de INEC: “El empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo:
· Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, no tienen rebajos de seguro social.
· Personas asalariadas que sólo le pagan en especie o que el pago fue una única vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, se considera que no son susceptibles de los rebajos de seguro social.
· Personas ayudantes o auxiliares no remuneradas.
· Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica.
· Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un mes), a quienes por la naturaleza del trabajo no son susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica.” 

(3) 3,16 miembros por hogar, en promedio y una línea de pobreza urbana per capita de 112,317 colones, según la ENAHO 2019.

(4) Para un análisis más detallado de los hogares con una sola persona con empleo ver https://www.facebook.com/notes/jos%C3%A9-mar%C3%ADa-villalta-fl%C3%B3rez-estrada/por-qu%C3%A9-debe-aumentarse-el-monto-del-bono-proteger-y-c%C3%B3mo-podemos-hacerlo-cubrie/10158552461669626/

  • Jonathan Acuña Soto. Economista. Asesor legislativo del Frente Amplio. Miembro de la Comisión de Economista del Frente Amplio.


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