-La Fracción denunció que nueva alza de hasta ¢605 para rutas de bus no redundará en mejor servicio para el público.
-Se enfatizó la necesidad de contar con una ley que proteja derechos de personas usuarias frente a abusos y faltas.
El pasado 29 de junio de 2022, las seis diputaciones frenteamplistas presentaron el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Transporte Público Remunerado que crea un marco normativo coherente, ágil, eficaz y moderno para tutelar y garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios prestados por el CTP y regulados por la ARESEP (como autobús, tren de pasajeros, taxi y otros similares).
La iniciativa elimina duplicidades y vacíos institucionales que obstaculizan la protección de los derechos de las personas usuarias; crea procedimientos sencillos que aseguren una respuesta pronta y cumplida a las denuncias; prioriza medidas preventivas y correctivas para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios y garantiza la reparación integral y oportuna de los daños y perjuicios causados a las personas usuarias.
La legisladora Rocío Alfaro informó que la presentación de la iniciativa se enmarca en el aumento tarifario de un 6,73% o hasta ¢605 en poco más de cuatro mil líneas de buses recientemente decretado por la ARESEP “a favor de las empresas autobuseras y que recarga en personas usuarias el desbalance financiero que ha generado el aumento global en los combustibles.”
El diputado Antonio Ortega recordó que “el país hoy sufre un colapso del transporte público que se evidencia en servicios ineficientes, rutas obsoletas, tarifas injustas, contaminación ambiental, transporte ilegal, pérdidas económicas, presas interminables, ausencia de fiscalización, corrupción institucional y falta de controles de calidad a las empresas concesionarias.”
Desde la Fracción se remarca que, con esta propuesta de ley, avanzamos a la mejor estrategia para un transporte moderno, justo, sostenible y de calidad; con mayor fiscalización ciudadana y con capacidad de la institucionalidad pública para tomar decisiones, todo esto como contrapeso a los intereses de unos pocos.
