Se movilizan para frenar la privatización municipal

-FRENTE AMPLIO JUNTO A OTROS SECTORES PRESENTÓ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PROYECTO DEROGATORIO DE LA LEY 8828

 –TRABAJADORES MUNICIPALES SE MOVILIZARON HOY HACIA LA SALA CONSTITUCIONAL Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

En el marco de una movilización para frenar la privatización municipal, el diputado del Frente Amplio José María Villalta junto a los dirigentes sindicales Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y Sergio Saborío, Secretario General de la Rerum Novarum, además de Mariana Calvo, vicealcaldesa de Vásquez de Coronado y el regidor de la Municipalidad de San José Daguer Hernández, presentaron hoy una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”, Ley 8828.

La ley, aprobada el pasado 22 de abril y publicada el día de hoy, se trata de un nuevo intento por trasladar al capital privado los bienes y servicios públicos, en este caso los que se encuentran bajo administración de los gobiernos locales. Las atribuciones que se otorgan en dicha ley, a las en ella creada sociedades públicas de economía mixta, son sumamente amplias, abarcando prácticamente cualquier actividad económica, incluye desde desarrollar nuevas actividades productivas hasta la ejecución de los servicios públicos, locales.

De los servicios públicos municipales, esenciales para la población, únicamente quedarán a salvo, los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, a partir de la aprobación de una moción de fondo presentada por el entonces diputado del Frente Amplio José Merino.

La gestión en el Poder Judicial fue acompañada por cientos de trabajadores municipales, quienes luego caminaron hasta la Asamblea Legislativa con el diputado Villalta donde éste presentó además un proyecto derogatorio a la ley 8828, el cual fue firmado también por todos los diputados del PASE, el diputado Monge del PAC y el diputado Sotomayor del PUSC.

Para el diputado José María Villalta del Frente Amplio, este proyecto pone en riesgo derechos y estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras municipales, al permitir que los servicios y actividades que hoy prestan y realizan los gobiernos locales, sean trasladados a sociedades anónimas, regidas por el Código de Comercio, lo cual abre las puertas para la total reestructuración del Régimen Municipal”.