Con propuesta frenteamplista periodistas despedidos por negarse a desinformar tendrán mayor protección

-Ministerio de Trabajo investigará denuncias por casos donde se alegue violación al ejercicio ético del periodismo y daño a la libertad de prensa.

Si una persona profesional en periodismo fuera despedida por negarse a divulgar una información falsa o tergiversada por mandato de un superior jerárquico, podrá llevar su caso ante el Ministerio de Trabajo y ser defendido por esa falta.

Esto ocurriría si se aprueba la reforma al Código de Trabajo propuesta hoy por el Frente Amplio, que consiste en adicionar un nuevo capítulo décimo al título II titulado “Sobre el trabajo de los periodistas”.

El cambio establece la ilegalidad del despido en casos en que se compruebe que la empresa coaccionó al profesional para que mintiera, tergiversara, escondiera o editara una información para que se amolde a intereses particulares, en detrimento de la opinión pública.

También señala como una falta el intentar prohibir o impedir al periodista investigar o informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de interés público.

En estos y en otros casos detallados en el proyecto de ley las empresas periodísticas quedarán impedidas de despedir “sin justa causa de periodistas con motivo de la aplicación de prácticas laborales que limitan ilegítimamente la libertad de prensa, por oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes.”

En caso de despido injustificado la persona podrá solicitar su reinstalación inmediata a un juez de trabajo, e iniciar un proceso legal donde el patrón deberá presentar su descargo.

Si se demuestra la ilegalidad del despido la empresa deberá reinstalar y pagar salarios caídos, pero si la persona periodista no desea retornar tendrá derecho a la cesantía, a los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido y una indemnización por concepto de daños y perjuicios ocasionados.

El proyecto de ley, presentado por el despacho de la diputada Priscilla Vindas, entró a la corriente legislativa con el expediente 23.727.