Costa Rica debe ser país libre de exploración y explotación petrolera

Frente Amplio se opone a explotación en Zona Norte y llama a conformar bloque patriótico de oposición

El Partido Frente Amplio anunció su oposición a la explotación petrolera en la Zona Norte del país, ante la decisión del gobierno de Laura Chinchilla de otorgar una concesión, con tal propósito y por veinte años, a una empresa transnacional de los Estados Unidos.

El Diputado José María Villalta considera que, por el contrario, debe acelerarse el trámite legislativo del Expediente 17.746, presentado por el Frente Amplio, para declarar a Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera, trasladando su análisis a la Comisión de Ambiente.

El Diputado Villalta criticó la decisión del gobierno de Liberación Nacional de permitir la explotación petrolera, al considerar que se continúa en una ruta suicida de entrega de los recursos naturales. “Estamos en presencia de un eventual ecosuicidio”, aseguró.

Para el legislador frenteamplista resulta contradictorio el discurso sostenido por el país en los Tribunales de La Haya, de defensa de los humedales de la Isla Calero, mientras por otro lado se pretende arrasarlos con maquinaria extractiva de petróleo y gas, ya que este territorio estaría incluido en la concesión a la transnacional Mallon Oil Company.

Dijo José María Villalta que esta concesión se está tramitando sin que exista ningún estudio de evaluación del impacto ambiental, de la explotación petrolera, sobre los territorios, el ambiente y la población de San Carlos, Sarapiquí y Pococí.
“En el Frente Amplio compartimos la indignación de quienes ven en los proyectos de extracción petrolera, una afrenta a los valores de sostenibilidad ambiental que caracterizan a nuestro pueblo” dijo el parlamentario.
El Partido Frente Amplio, declaró el Diputado Villalta, considera que a la par del impulso del proyecto legislativo, se justifica el surgimiento de un bloque patriótico de oposición, integrado por los colectivos ecologistas y todas las fuerzas sociales y políticas interesadas en defender el patrimonio nacional y sus recursos naturales, mediante las vías legales y la movilización.