Despidos injustificados serían compensados con pago de salarios caídos, preaviso y cesantía hasta en un plazo de 24 meses

•Proyecto del Frente Amplio propone extender el periodo de pago de derechos laborales ante el aumento en los tiempos de los procesos judiciales.

La fracción del Frente Amplio presentó este lunes el proyecto de ley de Reforma al Artículo 82 del Código de Trabajo para Garantizar el Pago de Derechos Laborales en los despidos Injustificados.

La propuesta frenteamplista se sustenta en que la legislación cubre, en caso de despido injustificado, el pago de salarios caídos de la persona trabajadora solo durante seis meses desde el inicio del proceso judicial, pero ese periodo se queda corto en la actualidad, cuando los plazos pueden durar hasta dos años, o más.

“La redacción actual del artículo 82 del Código de Trabajo no promueve la celeridad ni la justicia pronta en los procesos judiciales, pues a partir del referido límite de seis meses para el pago, tampoco existe ninguna responsabilidad para la parte vencida que atrase el proceso más allá de ese plazo. El límite, arbitrario y falto de respaldo fáctico, se convierte en un incentivo perverso para la vulneración de derechos laborales.”, advierte la justificación del proyecto de ley.

Por esta razón, la iniciativa de ley presentada por el Frente Amplio propone que se reforme ese artículo en los casos en que la justicia determine que se dio un despido injustificado y se lea de la siguiente manera:
“…el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede en firme la sentencia condenatoria en contra del patrono, con un tope máximo de veinticuatro meses.”

Según datos del Poder Judicial, en 2019 el tiempo promedio de duración de un caso laboral fue de 15,21 meses (6088 expedientes), mientras que el de mayor cuantía duró 18,95 meses (22.668 casos).
La situación tendió a mantenerse o al alza en los dos años siguientes, donde los casos que duraron menos en resolverse promediaron 17,2 meses en 2020 (5.622 expedientes) y los que más 18,45 (18404); mientras que en 2021 fueron 19,75 (6661) y 20,48 (23290), respectivamente.

Esto sin tomar en cuenta que las sentencias pueden ser apeladas en el mismo Tribunal de Trabajo y también elevarse a la Sala Segunda, donde los plazos podrían duplicarse.