El pasado 18 de septiembre se dio a conocer que el costarricense Carlos Josué Marchena Marchena falleció tras ocho meses de estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su fallecimiento se da en medio de denuncias de su familia por malos tratos y dificultades para obtener atención médica.
Este no es un hecho aislado. En octubre de 2025, el costarricense Randall Gamboa Esquivel fue trasladado a Costa Rica en condición crítica tras haber estado detenido durante varios meses por ICE y falleció semanas después de su llegada al país. Más recientemente, se han reportado los casos de Oiner Gerardo Vargas Morales y Jorge Mata Campos, cuyas familias han denunciado que llevan tres meses detenidos bajo custodia de ICE y han expresado su preocupación por sus estados de salud. Las cifras del propio gobierno de los Estados Unidos reportan que al menos 33 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025, la cifra más alta en años, y en lo que va de 2026 ya se contabilizan al menos 24 muertes.
Estos hechos son consecuencia directa de la inhumana política migratoria que los Estados Unidos ha sostenido durante años y que se ha intensificado con el regreso de Donald Trump al poder. Las detenciones de inmigrantes se han convertido en un negocio para empresas privadas, y esto ha convertido los centros de detención en espacios de retención con malos tratos e incluso tortura y desaparicion forzada, según reportes de organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos cómo Amnistia Internacional.
La dignidad humana no se suspende a raíz de un estatus migratorio o un papel, por haber cometido una infracción administrativa o por estar esperando una deportación. Las propias normas bajo las que ICE debería regirse establecen que toda persona detenida debe recibir atención médica adecuada, medicamentos y alimentación pero actualmente no se respetan. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) ha documentado deficiencias graves en centros de detención migratoria, lo que confirma que no se trata de casos aislados, sino que apuntan a problemas estructurales del sistema.
El Gobierno de Costa Rica debe ser garante del bienestar de todos los costarricenses sin importar el lugar donde se encuentre por lo que:
- Solicitamos al Gobierno que exija una investigación formal y transparente sobre lo sucedido a Carlos Marchena y Randall Gamboa y que se inicien los procesos necesarios para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer ambas situaciones y poder dar paz a las familias haciendo valer su derecho a la verdad.
- Solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que dé seguimiento permanente a la situación de las personas costarricenses detenidas por ICE y que garantice el acompañamiento consular necesario durante sus procesos migratorios. En particular, solicitamos especial atención al caso de Oiner Gerardo Vargas Morales, quien lleva tres meses detenido en centros de ICE, a pesar de haber accedido a una deportación voluntaria, y cuyo estado de salud es crítico mientras su familia cuenta con poca información sobre su situación. Asimismo, solicitamos seguimiento al caso de Jorge Mata Sojo, quien se encuentra en la etapa final de su proceso de deportación y cuyo estado de salud también se ha deteriorado durante su permanencia bajo custodia, habiendo perdido, según ha señalado su familia, hasta 30 kilogramos de peso.
Condenamos el accionar del ICE y la funesta política migratoria de los Estados Unidos que persigue, tortura y condena a quienes buscan mejores oportunidades. Nos solidarizamos con el resto de hermanos y hermanas latinoamericanas detenidas injustamente y en condiciones deplorables por parte de ICE, así como con todas las familias que esperan justicia.
Nadie es ilegal.
Libertad para Oiner Vargas y Jorge Mata.
Justicia para Randall Gamboa y Carlos Marchena.