San Rafael de Alajuela denuncia a compañía cementera por afectar el medio ambiente

Sala IV verá denuncia popular este jueves 9 en audiencia pública

Diputado Villalta rechaza campaña de persecución contra denunciantes

La Sala Constitucional recibirá mañana, jueves 9 de diciembre, en audiencia pública, a representantes de la comunidad de San Rafael de Alajuela, centro urbano con alrededor de 35 mil habitantes, quienes presentaron dos recursos de amparo contra la construcción de una fábrica de cemento sin contar con un estudio de impacto ambiental.

En la vista estará presente el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien a su vez denunció la persecución legal que dicha empresa ha desatado contra la representación comunal.

Los recursos de amparo, que solicitan se detenga la construcción la cementera, serán analizados por la Sala Constitucional a las 2 pm, cuando escuchará los argumentos de las partes.

Los recursos fueron presentados por Sergio Ávila Zumbado, presidente de la Asociación Comunal y Gerardo Morera Rojas, presidente de la Asociación Administradora de Agua, de San Rafael de Alajuela, contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Alajuela y la empresa.
En los recursos se arguye que la SETENA no realizó un Estudio de Impacto Ambiental en el proceso de otorgación de permisos a la empresa Comercializadora de Concreto y Asfalto (COMCOAS S.A.), subsidiaria de la Constructora MECO S.A, la cual construye, desde hace varios meses, una cementera en esa localidad.

SETENA se limitó a solicitar a COMCOAS un Plan de Gestión Ambiental (PGA), cuando, según el Código de Minería, este tipo de instalaciones requieren de un Estudio de Impacto Ambiental.

También se agrega que la Municipalidad “no ha conferido audiencia a las comunidades que están siendo directamente afectadas por el proyecto, ni la empresa ha informado sobre los riesgos que esta conlleva”.

Por otro lado, con el evidente propósito de amedrentar a los dirigentes comunales, COMCOAS S.A interpuso acusaciones penales contra varios de ellos por el delito de difamación de persona jurídica. Es el caso de Jorge Villalobos, quien asistió al programa radiofónico “El club del taxista costarricense”, para manifestar su incomodidad con la instalación de la cementera.

Otra de las demandas fue interpuesta contra Sergio Ávila Zumbado, presidente de la asociación comunal de esa localidad, quien asistió al programa radiofónico “Costa Rica hoy”, de la periodista Nora Ruiz, y denunció que la cementera atenta contra la salud de los pobladores.
El dirigente asistió al programa junto con el ex diputado José Merino, quien, curiosamente, no fue denunciado.

Incluso el conocido comentarista de fútbol, Everardo Herrera fue acusado por la empresa.

El diputado del Frente Amplio, José María Villata, denunció estos hechos como “parte de una campaña de amedrentamiento a la comunidad de San Rafael de Alajuela, que debemos rechazar”.

El parlamentario agregó que acompañará a la representación comunal a la vista de la Sala IV “porque no es posible que mediante el poder económico se pretenda impedir que una comunidad defienda su derecho constitucional a un ambiente sano.”