Transacciones en criptomonedas deberán ser incluidas en declaraciones juradas de los funcionarios públicos

-Frente Amplio impulsa una reforma a la ley contra el enriquecimiento ilícito que mejora labor sancionatoria y aumenta las penas por falsedad en las declaraciones.

El Frente Amplio presentó hoy un proyecto de reforma la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, esto para garantizar la trasparencia y la proporcionalidad de las sanciones en las declaraciones juradas de aquellas personas funcionarias con responsabilidades sobre el erario público.

La reforma plantea tres cambios sustanciales a la ley vigente:

  1. Actualizar las declaraciones para que sea obligatorio incluir los bienes y transacciones en criptomonedas.
  2. Crear un mecanismo que agilice la coordinación entre la Contraloría General, órgano que fiscaliza las declaraciones, y las instituciones que se encargan de sancionar, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
  3. Aumentar las penas por mentir u omitir en la declaraciones juradas y disminuirlas en caso en que se publiquen las mismas, por motivos de denuncia pública.

Sobre las declaraciones en criptomonedas, el proyecto de ley recuerda que el mercado de criptoactivos sigue aumentando en todo el mundo, en 2021 creció en $400 millones y para 2026 el incremento del mismo será de $1.200 millones.

Sobre los castigos, el objetivo es que las condenas por mentir u omitir en las declaraciones juradas aumenten, pasando del actual periodo de 6 meses a 1 año a penas de 1 a 2 años.

En sentido contrario, el castigo por hacer pública una declaración jurada (actualmente es de carácter privado), bajen a un periodo de 1 a 2 años, ya que en la actualidad las mismas son de 3 a 5 años, generando el absurdo de tener sanciones más amplias por denunciar que por el delito mismo de mentir en una declaración.

Las reformas puntuales propuestas en el proyecto de ley se harán a los artículos 24, sub-inciso j) del inciso 2 del artículo 29 y artículos 46 y 60 de la Ley Contra La Corrupción Y El Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública, Ley n° 8422 del 29 de octubre de 2004.

La iniciativa de ley entró a la corriente legislativa con el número de expediente N° 23.504.