- El Frente Amplio denuncia un claro retroceso en la protección de derechos fundamentales de la población LGBTIQA+ en Costa Rica.
El Canciller de Costa Rica anunció que el país saldrá del Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un espacio de coordinación regional para el avance de los derechos humanos de la población sexualmente diversa. En 2022 Costa Rica asumió la coordinación, y lo integraban Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.
La Embajadora de Costa Rica ante la OEA, Alejandra Solano Cabalceta, reconoció en 2022 que, “aunque ha habido avances en materia de derechos LGBTI en las Américas en los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer. Lamentablemente, también reconocemos que en algunos países de este hemisferio la homosexualidad aún continúa siendo penalizada y no podemos más que intentar mejorar la protección y las condiciones de vida de estas personas”.
Desde el Frente Amplio expresamos nuestro más profundo rechazo ante la decisión del Gobierno de Costa Rica de retirarse del Grupo Núcleo LGBTI+ de la OEA, así como las declaraciones del canciller Arnoldo André, quien justificó esta medida afirmando que nuestro país ya habría “completado la protección plena de los derechos de todas las minorías”. Esa afirmación no solo es profundamente equivocada; resulta también ofensiva para las personas y comunidades que siguen enfrentando violencia, exclusión y discriminación todos los días en Costa Rica.
Las condiciones adversas que mencionaba la Embajadora no han cambiado para estas poblaciones. Costa Rica continúa sin reconocer la educación sexual como parte integral de la formación ciudadana. Esto ha tenido directas implicaciones en el aumento de la violencia por identidad de género de las personas trans; producto del prejuicio muchas de ellas son expulsadas de su familia y de la escuela, en su niñez o adolescencia, y enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajo, recibir atención médica adecuada o encontrar un lugar donde vivir.
Otros casos como las mal llamadas “terapias de conversión”, la discriminación en casos de familias homo y lesboparentales, el abandono a la atención del VIH, violaciones entre pares de estudiantes, aumento en infecciones de transmisión sexual esto para mencionar tan solo algunas de las tantas formas de violencia que enfrentan las diversas poblaciones LGBTIQA+ en nuestro país.
Negar esa realidad no protege a nadie; únicamente profundiza el abandono de todos los sectores: mujeres, personas trans, personas indígenas, personas negras, personas con discapacidad, personas diversas.
La lista de pendientes es larga, pero la tendencia de la actual administración es clara: recortar inversión social y dejar atrás a las poblaciones más excluidas. El actual gobierno suspendió todas las capacitaciones al funcionariado público en materia de derechos humanos y suspendió los protocolos contra el bullying hacia población LGBTIQA+ en escuelas y colegios. Durante estos 4 años no desarrolló ni una sola acción para la protección de derechos de esta población, por el contrario, buscó bloquear las iniciativas que desarrollan de forma autónoma las organizaciones y colectivos de sociedad civil, afectando el financiamiento de ONGs que atendían poblaciones vulnerables y que apelaban a estos modelos neoliberales de financiamiento en ausencia de Estados capaces de asumir estos, y otras formas de manifestación como la Marcha del Orgullo.
Desde el Frente Amplio acuerpamos las denuncias que han planteado las organizaciones sociales y hacemos un llamado enérgico a que el gobierno de la república retome su obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de la enorme diversidad de personas que habitamos en Costa Rica.
Por lo tanto, exigimos:
- Que el Gobierno reconozca, con responsabilidad y sin evasivas, que aún existen deudas importantes con las poblaciones LGBTIQA+.
- Que Costa Rica retome su participación en el Grupo Núcleo LGBT de la OEA, como un gesto claro de coherencia con su trayectoria en derechos humanos.
- Que se establezca una ruta de trabajo concreta, con acciones, plazos y mecanismos de seguimiento, para cerrar esas brechas.
- Que se impulse de manera decidida una ley integral de identidad de género que garantice el reconocimiento pleno de las personas trans y no binarias.
- Que se apruebe el proyecto 20.970, ya avanzado en corriente legislativa, para modificar la Ley General de salud y prohíbir explícitamente las “torturas de conversión”, prácticas que vulneran la dignidad y los derechos humanos.
- Que se restituyan y fortalezcan los programas de educación sexual integral, así como los protocolos contra el bullying y la discriminación en los espacios educativos.
- Que se refuercen las políticas públicas en salud, especialmente en lo relativo al VIH, asegurando acceso digno, oportuno y sin discriminación.
- Que el Estado asuma su responsabilidad en la generación y publicación de datos sobre las poblaciones LGBTIQA+, para tomar decisiones informadas.
- Que se cuente con una instancia institucional que articule de forma seria y sostenida las políticas públicas en esta materia.
- Que se reabran y se mantengan espacios reales de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
¡Nada de nosotrxs sin nosotrxs!