Comisión de Derechos Humanos dictamina dos proyectos del Frente Amplio.

La Diputada y Presidenta del Partido Frente Amplio Patricia Mora Castellanos celebra el dictamen positivo por unanimidad en la Comisión legislativa de Derechos Humanos de dos importantes proyectos iniciativa del Frente Amplio.

Se trata de los expedientes 19309 iniciativa de la Diputada Patricia Mora a favor de una mejor regulación de la prestación de servicios de salud y el expediente 19610 presentado por el Diputado Edgardo Araya Sibaja  que busca dar protección a los activistas de derechos humanos.

Al respecto la diputada Patricia Mora Castellanos comentó:

Con el proyecto de ley 19309, se pretende dar respuesta a una necesidad manifiesta en las últimas décadas por la mayoría de las personas que son atendidas en los servicios de salud y han visto disminuidos sus derechos al recibir una atención deshumanizada en muchos casos en transgresión a la obligación del personal a cargo de los servicios de salud atender adecuadamente a los pacientes. La iniciativa de ley pretende refinar y dotar de mayores herramientas a las Contralorías de Salud y el derecho de los pacientes a fiscalizar el funcionamiento de los centros de salud, en cuanto a la calidad y al uso eficiente de los recursos; eliminar la posibilidad de que en hospitales desconcentrados se autodefinan sus propios contralores para garantizar una fiscalización más independiente; y posibilitar a las contralorías el ejercicio de una inspección del funcionamiento de los centros de salud más profunda, de modo tal que actúe no solo a petición de los usuarios, sino que pueda realizar recomendaciones desde lo interno de los centros de salud”

En relación al expediente 19610, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio Edgardo Araya Sibaja manifestó:

El presente proyecto de ley tiene como objetivo esencial establecer una reforma al Código Penal, para que los delitos contra la vida, las lesiones y  privación de la libertad, que se cometan contra personas que ejercen activismo en defensa de los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Tierra, sean penados como delitos agravados. Esto, con el fin de emitir un mensaje positivo por parte del Estado a la población, en razón de reconocer la importancia de las acciones que con tanto esfuerzo realizan las personas defensoras de la vida, y de los Derechos Humanos en general.