Intervención del Diputado José Merino del Río en el plenario legislativo, el día 1 de julio de 2008, exponiendo las razones para oponerse a la ruptura del monopolio de seguros en manos del Instituto Nacional de Seguros (INS) y explicando que hubo oportunidad de anticiparse a las presiones de los Estados Unidos para quitar el aval estatal a la institución nacional, de haberse aprobado una moción presentada en su momento por el Frente Amplio.

Devolver al Consejo Nacional de la Producción (CNP) competencias fundamentales y asegurar su financiamiento estable y permanente, son los dos propósitos esenciales de un proyecto de ley presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa por el Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, el día 1 de julio del 2008.

Según el Diputado Merino la existencia de una crisis alimentaria a nivel internacional, que nos afecta más por la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria nacional durante los últimos veinte años, obliga a devolver al CNP sus objetivos y tareas originales. “En las actuales circunstancias es necesario revivir el CNP, lo que a su vez es una demostración evidente del fracaso de las políticas neoliberales, que obligaron a desmantelarlo a través de los programas de ajuste estructural”, sostiene el parlamentario Merino del Río.

El proyecto se tramita bajo el expediente 17.080 y propone reformas a la Ley Orgánica del CNP, para permitirle a esta institución la compra directa a los agricultores de su producción de alimentos básicos, así como su comercialización en el mercado nacional, con el fin de garantizar utilidades y precios justos a los productores y consumidores. “De esa manera se permitiría que el CNP nuevamente pueda contribuir a la estabilización de los precios de los alimentos indispensables para la población, como los granos básicos”, argumenta el Diputado Merino.

Explicó el legislador del Frente Amplio, que se busca fomentar la producción de alimentos para el mercado interno, dándole condiciones de seguridad y estabilidad a los pequeños productores, al mismo que tiempo que se garantiza que el destino sean las mesas en las casas de los costarricenses, y se evita que se exporten o dediquen a la producción de agrocombustibles.

Dotar al CNP de fuentes de financiamiento sanas y estables es el otro propósito del proyecto de ley. Para lograr la reactivación de esta institución se propone modificar el artículo 14 de la Ley Nº 7972 que regula los destinos de los impuestos a los licores y cigarrillos, a fin de establecer que de los recursos recaudados, una vez realizadas las transferencias correspondientes a los programas sociales beneficiados, se destinará un diez por ciento (10%) del remanente para darle un financiamiento al CNP.

“Esta propuesta le permitiría al CNP solventar su déficit presupuestario y financiar sus distintos programas, que indudablemente deben ir dirigidos a beneficiar a los pequeños agricultores nacionales y a garantizar el derecho a la alimentación de la población costarricense”, concluyó el Diputado Merino en la exposición de motivos del proyecto de ley.

José María Villalta Floréz-Estrada

La situación que enfrenta la comunidad de El Gallo situada a 5 kilómetros de la ciudad de Liberia retrata y sintetiza de forma inigualable el modelo de “desarrollo” turístico e inmobiliario implantado en la provincia de Guanacaste.

En honor a la verdad, debo decir que el caso nos llama a reflexionar a muchas personas y organizaciones que hemos venido denunciando que este modelo no le deja nada a las comunidades locales.

Hemos denunciado que se promueve la apropiación privada de nuestras costas y playas, restringiendo el acceso, uso y disfrute al pueblo costarricense. Hemos denunciado la sobreexplotación e injusta distribución del agua, que es destinada a regar canchas de golf y a llenar de las piscinas de condominios de lujo construidos sin ningún tipo de planificación. Hemos denunciado la destrucción de montañas enteras y de la belleza escénica de nuestras costas para construir “moles” de cemento y espantosos tugurios de lujo que proliferan libres de controles.

Y también hemos denunciado que todo este “desarrollo” en el que se invierten miles de millones de dólares se produce en una provincia que sigue siendo la más pobre de Costa Rica. Porque Guanacaste es tristemente una provincia de “enclaves” donde el lujo y la opulencia a costa de la naturaleza florecen a pocos metros de poblados absolutamente deprimidos y empobrecidos. Poblados donde los habitantes originarios de esta región de riquezas exuberantes, expulsados de las costas y las mejores tierras, apenas sobreviven azotados por el desempleo, la falta de oportunidades, la prostitución y las drogas.

Verdaderos poblados fantasmas en muchos casos, que subsisten a la par de castillos de oro. Poblados abandonados que no reciben ni las migajas de inversiones multimillonarias que despuntan a su alrededor. En gran medida por culpa de gobiernos locales y nacionales expertos en regalar los recursos naturales y en otorgar privilegios a los grandes hoteleros, pero incapaces de promover proyectos de desarrollo local, microempresas turísticas o encadenamientos productivos con la economía local para que al menos una ínfima parte de toda esa riqueza se quede en manos de las y los habitantes de la región.

Pero es precisamente en esta parte de la denuncia donde debemos reconocer nuestra equivocación. ¿Cómo que el modelo descrito no les deja nada a las comunidades guanacastecas? ¡Claro que sí les deja!

Nuestro error lo han puesto al descubierto las 120 familias de El Gallo de Liberia, quienes desde hace meses han pegado el grito al cielo por las graves consecuencias para su salud y calidad de vida que está teniendo la operación de una planta de tratamiento de “lodos sépticos” (nombre caché para designar los excrementos humanos, es decir, la caca proveniente de tanques sépticos) instalada en las cercanías de dicha comunidad.

El principal impacto negativo que denuncia la comunidad de El Gallo es el constante paso de camiones cisterna cargados de excrementos que circulan de día y de noche junto a sus viviendas. Según los vecinos, estos camiones “derraman producto sobre la vía pública” frente a sus casas, “producen malos olores a su paso” y deterioran las calles cada vez más. El tránsito de “lodos sépticos” es constante y se produce a todas horas. Solo en los días 9 y 11 de junio de 2008 los afectados contabilizaron y documentaron el paso de más 15 camiones por día.

¿Y de donde viene todo ese excremento? ¡Nada más y nada menos que de hoteles y urbanizaciones ubicados en las zonas costeras! Proviene de construcciones que, a pesar del “boom” inmobiliario y la danza de millones en la región, fueron realizadas sin contar con plantas de tratamiento de sus desechos como exige la ley o que existiendo dichas plantas no funcionan adecuadamente o no tienen capacidad para procesar la gran cantidad de desechos producidos. Todo a vista y paciencia de las autoridades.

No podemos ignorar que extraer, almacenar y transportar materia fecal desde las zonas costeras hacia Liberia, a todas luces no parece un procedimiento sencillo. Sin embargo, algo está claro. Les sale más barato que tratar adecuadamente los desechos en el mismo lugar donde los producen. ¿Y para qué lo van a hacer, si pueden ir a depositarlos lejos, donde serán otros, las comunidades locales, quienes tendrán que soportar los malos olores y la caca regada en media calle?

No sé si trasladar los excrementos de los condominios de lujo a otros poblados será parte de los requisitos que se le exigen al país para atraer inversión extranjera, de esos requisitos que nuestros gobernantes aceptan sin chistar. O tal vez será que las autoridades nacionales han decidido darle un trato privilegiado a los desechos fecales hoteleros por ser desechos “de primer mundo”.

Lo que sí resulta evidente es que se trata de un negocio redondo. Les regalamos el agua, nuestras playas y montañas. ¡Y a cambio nos dejan su caca! ¡Maravilloso modelo de desarrollo!

Salvo, claro está, para el pueblo guanacasteco. ¿Verdad que a ninguno de nosotros nos gustaría que el camión de la basura pasara 15 veces por día frente a nuestra casa? ¿Verdad que estaríamos indignados? Pues para la comunidad de El Gallo de Liberia es humillante tener que soportar la hediondez de los excrementos ajenos. Y si esto hacen con la gente de Liberia, la capital de la provincia de Guanacaste ¿Qué no harán con las y los habitantes de otros poblados más pequeños y abandonados?

Cuánta razón tenía el jefe indio Seattle, cuando advertía a los blancos invasores que en la segunda mitad del siglo XIX avanzaban sobre el territorio de su pueblo devastando ríos y montañas: “continúen ustedes contaminando su cama y una noche morirán sofocados por sus propios desperdicios”. Lo único es que en la Costa Rica del siglo XXI los poderosos encontraron la forma de tirar sus desperdicios en la cama de poblados guanacastecos humildes como El Gallo, a quiénes tienen -literalmente- comiendo mierda.

Por eso es que cada vez más corazones se suman a la justa lucha del pueblo de Sardinal y otras comunidades que ya no aguantan más. Deberíamos hacerlo todos los y las costarricenses a los que todavía nos corra un poco de sangre por las venas.

Este fin de semana el Diputado José Merino estará de visita en Guanacaste.

El sábado 28 de junio se reunirá en Nicoya para explicar las propuestas del Frente Amplio relacionadas con el recurso hídrico y la participación ciudadana, con guanacastecos y guanacastecas interesadas en colaborar en el proceso de inscripción y construcción nacional del Frente Amplio.

Por invitación de la comunidad, y acompañado de José María Villalta, el Diputado Merino se reunirá en Sardinal con el Comité de Lucha, con el fin de explicar los alcances del recurso de amparo presentado y la solidaridad del Frente Amplio en las luchas por la defensa del agua. Está conversación se efectuará el sábado 28 a partir de las 5 p.m. en el Rancho de la Iglesia, frente al parque de Sardinal.

El domingo 29 en horas de la mañana el Diputado José Merino y José María Villalta, se reunirán en Liberia con integrantes de Confraternidad Guanacasteca, con el fin de conversar sobre las luchas ambientales y sociales en la provincia.

Diputado Merino propone reforma para evitar abusos

Para detener los abusos en la Zona Marítimo Terrestre, sometida a invasiones y construcción de obras en la zona pública y en las áreas protegidas, el diputado José Merino presentó para la consideración de la Asamblea Legislativa una reforma constitucional.

La reforma propuesta por el legislador del Frente Amplio es una adición de un subinciso d) al inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política, para incluir el dominio del Estado sobre la zona marítimo terrestre, y se tramita bajo el expediente 17.066.

Según explicó el Diputado Merino “la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio público, que debe conservarse en beneficio de las actuales y futuras generaciones”, por lo que es necesario incluirla en la Carta Fundamental para que el Estado pueda ejercer soberanía plena, para la protección de este bien demanial.

De acuerdo con el parlamentario el carácter demanial de la Zona Marítima Terrestre se reconoce desde hace largo tiempo en la jurisprudencia, y esto significa que no puede ser objeto de comercio entre las personas y no es objeto de apropiación privada, sin embargo son conocidos los casos de construcciones irregulares o las limitaciones al acceso de la población a la zona pública cerca de determinados complejos turísticos de capital extranjero.

Recordó Merino del Río que datos de la Contraloría General de la República indican que el 72% del litoral costero “no cuenta con lineamientos que regulen su desarrollo y ordenamiento territorial”, lo que ha permitido que esos bienes sean ocupados.

En la presentación a la corriente legislativa de esta modificación a la Constitución, el legislador del Frente Amplio fue acompañado por nueve legisladores/as del PAC.

Frente Amplio defiende conquistas de las clases trabajadoras. Escuche intervención del Diputado José Merino en el plenario legislativo, exponiendo las razones para votar en contra de la “interpretación auténtica” de la Ley de Propinas (24 de junio de 2008).

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:

Después de asistir al trámite atropellado de proyectos como la privatización del ICE, del INS, de las patentes sobre plantas, sobre los nuevos privilegios para las transnacionales farmacéuticas y los demás proyectos de la agenda de implementación del Tratado de libre comercio, la Asamblea Legislativa continúa sin tener noticia de la tan prometida agenda social para ayudar a los sectores perdedores de dicho Tratado.

En el Parlamento tampoco asistimos a discusiones sobre proyectos para proteger el agua, para enfrentar la crisis alimentaria o la crisis energética, o para fortalecer, en general, derechos de las clases más desposeídas, de las clases trabajadoras frente a la constante pérdida del valor adquisitivo de sus salarios.

Lamentablemente, estos temas parecen estar muy lejos de ser prioritarios para la mayoría de las fracciones políticas representadas en este Parlamento, son otros los asuntos que interesan.

No deja de causar, por eso, una mezcla no diría tanto de sorpresa, como de indignación, que el primer proyecto que algunos le pretenden poner, incluso, rostro social sea el que nos ocupa, que mediante una interpretación de la Ley de 1972, que creó la propina como un derecho de meseros, saloneros y demás trabajadores del sector gastronómico, se pretenda hoy un retroceso que calificaría de histórico para esos trabajadores, pero también de precedente funesto para otros derechos sociales de los trabajadores de Costa Rica, pues este proyecto se inscribe en la agenda y en la filosofía de los proyectos de la llamada flexibilidad laboral.

Hoy se cuestiona el derecho de miles y miles de trabajadores del sector gastronómico a recibir la propina como parte de su salario. Pero mañana se cuestionará la jornada laboral o el derecho a la maternidad o se querrán revisar las vacaciones u otros derechos sociales y laborales de los trabajadores de Costa Rica.

Quien vote este proyecto está votando la filosofía de la flexibilidad laboral y no otra, como lo han denunciado numerosas organizaciones sindicales, sociales de Costa Rica que han estudiado este proyecto, que no se les va a dar atolillo con el dedo, que hay que responsabilizarse de lo que hoy se está pretendiendo votar en este Parlamento.

En primer lugar, desde el punto de vista propiamente jurídico se está abusando de la potestad de interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa y violando claramente los artículos 121 y 129 de la Constitución Política. Se está mintiendo al país cuando se recurre a interpretar las actas de 1972 y el proyecto aprobado en el Parlamento por los diputados de 1972, cuando ese proyecto fue modificado por otra Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa posterior a la de 1972 reformó el artículo 4 de la Ley de propinas y señaló tajantemente que con relación al monto se le aplicarán al patrono las mismas disposiciones y sanciones que el Código de Trabajo establece para todo lo relacionado con el salario.

Así las cosas, es evidente que para realizar una interpretación auténtica de esta norma en su visión reformada en 1974 no es procedente…

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:

…Decía, que el objetivo de este proyecto es, que los ingresos percibidos por el pago de propinas no solamente no formen parte del salario, sino que no se tomen en cuenta, entonces, para calcular las prestaciones laborales. El patrón así no se verá obligado a reconocer el monto total del salario para calcular el aguinaldo, el auxilio de cesantía, las vacaciones, las cargas sociales, como los neoliberales llaman ahora a las contribuciones a la seguridad social.

El origen de este proyecto se remonta a las presiones que yo viví de muy cerca cuando fui Diputado del período 98-2002, a las presiones de algunos grupos empresariales, siendo su vocero en el Parlamento, en aquel momento, el ex diputado Otto Guevara, para cambiar una jurisprudencia repetida de los Tribunales de Trabajo de Costa Rica, de la Sala Segunda de la Corte que ya desde 1995 y en diversas oportunidades ha concluido tajantemente que la propina es parte del salario en beneficio de los trabajadores del sector gastronómico.

A esto se le llama reducción de derechos y reducción de garantías sociales y laborales del sector más débil de la industria gastronómica del país. A esto se le llama legislar para los que más tienen, para quitarle a los que menos tienen.

El proyecto, como decía, es parte de las reformas que en nuestro país se promueven para ¾dicen¾ flexibilizar la legislación laboral, que no es otra cosa que la paulatina reducción y eliminación de derechos conquistados por los trabajadores.

Hoy, se afecta a meseros y saloneros, quienes recibirán menos pensión cuando se retiren de su trabajo, menos ingresos por prestaciones laborales, al no incluirse para el pago de estos derechos las remuneraciones recibidas por concepto de propina.

En este sentido, la justificación de los defensores de este proyecto me recuerdan mucho, revisando la prensa de los meses anteriores a la promulgación del Código de Trabajo y de las garantías sociales, son en contextos diferentes los mismos argumentos; entonces, los enemigos de las garantías sociales y del Código de Trabajo decían que reconocer esos derechos afectaría los intereses económicos de los patronos, que muchas empresas tendrían que cerrar, que se verían obligados a despedir trabajadores, anunciaron el Apocalipsis para impedir que este país tuviera un capítulo de garantías sociales y el Código de Trabajo, y ya vemos cuáles han sido los resultados: ¡No se arruinó ningún buen empresario por las garantías sociales y por el Código de Trabajo! ¡Se arruinan los que quieren vivir sacándoles la sangre, sacándoles hasta lo último a los trabajadores, sin reconocerles sus derechos! ¡O se enriquecen de una manera innoble para la ética democrática, para cualquier sentido humanitario en este país!

Hoy como ayer, se usa el viejo, desgastado discurso de que los trabajadores deben renunciar a sus legítimos derechos para conservar su empleo, una lógica de chantaje, que concibe las garantías sociales como un castigo para la clase trabajadora. Así se pretende justificar la eliminación de los derechos más esenciales.

Hoy, decía, es la integridad de las prestaciones salariales de un sector de trabajadores, que es la parte ¾repito¾ más vulnerable del sector gastronómico. Pero mañana ya están ahí, haciendo fila proyectos de flexibilidad laboral. Con los mismos argumentos, hay patronos que cuestionan las licencias por maternidad; con los mismos argumentos, hay patronos que cuestionan la jornada legal de ocho horas; con los mismos argumentos, cuestionan el pago de horas extras, cuestionan el pago de aguinaldo, quieren reducir las vacaciones.

¡Esa es la contrarreforma social que está en marcha y la Ley de propinas es parte ineludible de toda esa maquinaria neoliberal, que quiere devorar los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica!

Lo más preocupante es que este discurso pueda ser reproducido por personas que quieren defender el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Mucho más grave es que es otro golpe, un golpe inconstitucional que se le quiere dar a la Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de ley afectará de forma severa a nuestro Sistema de Seguridad Social, la intención expresa de sus promotores es que las remuneraciones recibidas por concepto de propinas por los trabajadores del sector gastronómico, no se tomen en cuenta para calcular los montos de las contribuciones a los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte.

Como los tribunales de trabajo han ordenado que la propina sí debe contabilizarse para definir estos aportes, la aprobación de esta reforma implica que la Caja Costarricense de Seguro Social recibirá menos ingresos que los que hoy está recibiendo, es decir, menos recursos para los hospitales públicos, menos recursos para el sistema solidario de pensiones, una forma solapada, pero no por ello menos fraudulenta, de quitarle recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Es lo mismo y la Caja ya se está pronunciando lo mismo que están haciendo los clubes deportivos, cuando quieren solamente reportar lo que ellos llaman el salario de sus jugadores, y la Caja ha ordenado que se reporte como salario no solamente lo que aparece en la planilla, que se reporte lo que ganan por derechos de imagen, que se reporte lo que ganan por derechos de televisión. La Caja ha ordenado eso porque se están cometiendo fraudes todos los días, reportando menos salario a la Caja y tratando de justificar de que es un pago en especie que reciben los trabajadores.

¡De eso nada! Hay jurisprudencia, la misma Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se quiere violar, que se quiere violar y es inconstitucional con esta Ley de la propina… el mismo artículo 3 de la Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dice que las coberturas del Seguro Social son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario, y que el monto de las cuotas que por esta Ley se daben pagar, se calculará ¾óigase bien¾ sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal.

Aquí están burlando la Ley constitutiva de la Caja, como están haciendo hoy sectores insolidarios de la clase patronal de Costa Rica, que les estorba los seguros sociales, que dicen que los seguros sociales les asfixia, que quieren arrastrar a miles de trabajadores a lo que ellos llaman la informalidad, para no tener que cubrir gastos sociales, para dejar después en el desamparo a los trabajadores con pensiones de hambre.

Además, como la interpretación auténtica ¾como lo ha dicho la Sala Constitucional¾ tiene efectos retroactivos, se expone a dicha institución a innumerables demandas por parte de empresas que pueden exigir la devolución de los aportes calculados con base en las propinas. ¿Quién soportará el peso de estas demandas? Como siempre, los asegurados y las aseguradas.

En el fondo, lo que se persigue, apoyando este proyecto, es burlar el principio de solidaridad de las contribuciones a la seguridad social, consignado, como decía, en el artículo 3 de la Ley constitutiva de la Caja. Esta norma ¾señalo de nuevo para que el pueblo de Costa Rica sepa de qué estamos hablando, y por qué discrepamos frontalmente con este proyecto, y por qué el Frente Amplio considera que es un ataque no solo al derecho de los saloneros, sino al conjunto de derechos de las clases trabajadoras de Costa Rica¾ porque esta norma dispone que el monto de las cuotas que, por ley, se deban pagar, se calcularán ¾repito¾ sobre el total de las remuneraciones que, bajo cualquier denominación, se paguen, con motivo derivado de la relación obrero-patronal.

Se trata de una disposición clarísima que no admite ninguna interpretación, pero que algunos pretenden, o saltárselo o ignorarlo.

Vamos a qué, a llorar por los derechos de los pobres patronos que se van a arruinar si pagan más a la seguridad social por los derechos de sus trabajadores y tienen que pagar más indemnización si hay despido sin causa justificada, si tienen que pagar más aguinaldo, si tienen que pagar más licencia de maternidad etcétera, etcétera. Por quién doblan las campanas en este Plenario.

La regla general vigente en Costa Rica es que los aportes a la seguridad social deben calcularse con base en todas las remuneraciones que reciba el trabajador sin importar la denominación que estas reciban, pero con este proyecto en cuestión se pretende quebrar este principio con consecuencias gravísimas, no solamente para este proyecto, sino a futuro.

Qué es lo que quieren algunos empresarios apoyados por la derecha parlamentaria más ultramontana, quieren con este proyecto crear un antecedente, crear un antecedente, pues cada vez son más claros y masivos los intentos por reducir los montos reportados a la Caja por concepto de salario como la ha denunciado la propia institución como una forma de evadir el pago de cuotas a la seguridad social. Para ello, los periódicos de todos los días están llenos, también, de denuncias de qué tipo de subterfugios legales se utilizan, con el fin de disfrazar, con el fin de disfrazar una parte de la remuneración que reciben los trabajadores bajo figuras distintas al salario. Aquí hay un golpe al concepto de salario, una figura, una categoría económica, jurídica que responde a una relación, efectivamente, entre clases sociales y que implica el desarrollo social del salario, ha implicado una lucha de décadas en el mundo entero, y es lo que hoy se está tratando de revisar, que lo hagan los neoliberales es comprensible, que otros sectores de la sociedad les acompañen, es menos comprensible. Porque se está abriendo, repito, un portillo para legitimar prácticas desleales con la clase trabajadora.

Tengo que decir, espero que no haya ningún problema si todos están tan seguros que de todas las fracciones nos den las firmas, si es que este proyecto, lamentablemente, fuera aprobado para llevarlo a la Sala Constitucional, pues el proyecto se tramita como una interpretación de los legisladores que aprobaron la ley de propinas…

Se tramita, repito, interpretando la voluntad de los legisladores que aprobaron la Ley de propinas en el 72, pero, en realidad, decía al principio, se trata de una reforma legal encubierta a una ley posterior.

Legisladores de otro Parlamento, de otro período legislativo, que aprobaron la ley que reformó la Ley del 72, en 1974 establecieron, como ha sido corroborado en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, establecieron que las propinas se regirían por las mismas disposiciones del Código de Trabajo en todo lo relacionado con el salario.

Por qué no se menciona aquí la jurisprudencia de los tribunales de trabajo y se quiere ignorar, por qué se le está tratando de ocultar al país que este tema ya ha sido resuelto en los tribunales de justicia, y lo han resuelto en base al derecho comparado que se ha desarrollado sobre el derecho al trabajo, los derechos laborales, en todo el mundo civilizado. Y también han dicho que fue esta reforma del 74 la que consolidó definitivamente que la propina forma parte del salario, es decir, que es, incluso, absolutamente improcedente recurrir a la figura de una interpretación auténtica para tratar de modificar una ley, si se quiere modificar que se presente un proyecto de ley, pero no mediante, repito, un instrumento que se convierte claramente en un ejercicio abusivo de la potestad de interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa.

Menciono, aquí se han referido que no formaría parte del salario, porque lo paga el consumidor, el cliente, la propina, pero, mejor es leer las sentencias, la última del 2003 de la Sala…, de la Sala Segunda, en donde no solamente dijo que este…, que la discusión sobre si la propina formaba parte del salario había quedado ya muy claramente resuelta y establecida con la reforma a la ley de 1974, sino que también dice que el patrono es el que establece las condiciones en que el servicio se desempeña, y sin lugar a dudas, si no se ejecuta cuando él o como él lo indica, el trabajador estará sujeto a las sanciones disciplinarias correspondientes.

Por ese motivo, el hecho de que precisamente este dinero no lo pague directamente el patrono, sino una tercera persona, el cliente, no impide que se considere salario, eso es elemental en un primer curso de doctrina laboral, esto quedaría claramente establecido que en la jurisprudencia más avanzada sobre derechos laborales el salario no hace distinción en cuanto a la forma en que se pague, si es en metálico, si es en especie, todas las contribuciones que recibe un trabajador en la relación obrero-patronal, ¿o es que cuando le pagan la propina a un salonero no está dentro de la relación obrero–patronal? ¿Es que es un acuerdo que hace fuera de las relaciones obrero–patronales con el cliente de un restaurante?, eso es absurdo, un retroceso en la doctrina social y en la doctrina laboral.

Me preocupa, repito, yo he hablado también con muchos saloneros, el otro día uno me enseñó lo que se le reportaba a la Caja y él no entendía, le digo, mire, se le están reportando ciento cuarenta mil pesos y sobre eso es, ¿y cuánto gana usted?, no, es que aparte me dan una parte de la propina, cuando están informados, o sea, aquí se está, incluso, haciendo alarde de que los saloneros no están organizados y se pone eso casi como una virtud de que estén desinformados, nuestra obligación como diputados sería más bien informarles de cómo está funcionando esta cuestión, eso no quita que pudieran llegar a acuerdos en restaurantes o en negocios de un determinado número de empleados.

En ese restaurant hay una buena relación obrero–patronal, el patrono que está quedando ni con un cinco de la propina, bueno, ellos pueden, obviamente, pueden negociar, pero una cosa distinta es que se pueda negociar y otra cosa es que un trabajador no sepa que tiene un derecho por el que puede luchar, por el que puede exigir, por el que puede ir a un tribunal de justicia, así ha sido.

El Código de Trabajo en Costa Rica, me decía Manuel Mora, me decía Manuel Mora Valverde, que el Código de Trabajo; también había gente que decía en aquellos años: Ah, don Manuel, pero para qué luchar por eso, mientras esos se conviertan en derechos reales, y me decía don Manuel, mi compañero, mi maestro de lucha, que se sentiría hoy indignado de que se pudiera dar un voto favorable a un tipo de proyecto de esta naturaleza.

Me decía, ese es el valor de los avances en el derecho, cuando una ley se pone por delante y es una ley justa de la sociedad, eso es un estímulo, un dinamismo para que la gente, y en este caso, la clase trabajadora sepa que ahí está el derecho y que puede luchar por él, esa es la legislación progresista, sirve para eso, cuando se dice que no se puede aprobar una reforma, porque no hay dinero se está usando la lógica conservadora, se crea la reforma, y después eso crea el dinamismo social, el estímulo del debate, la deliberación, la lucha para que la realidad se acerque a las reformas legales de carácter avanzado y progresista.

Señoras y señores, repito, espero que la consulta facultativa de constitucionalidad permita, si es que hay dudas sobre la interpretación, permita que la Sala Constitucional también dé su parecer sobre un asunto de tanta trascendencia, se ha querido esconder este proyecto por ahí, ley de propinas, como que fuera intrascendente, no que es muy relevante y es muy relevante que se esté legislando en esta materia cuando la gente todos los días está recibiendo garrotazos en aumento en el costo de la vida, cuando hay crisis de alimentos, cuando los salarios reales están perdiendo poder adquisitivo, como ha dicho el último informe trimestral del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Cuándo está creciendo la desigualdad social en este país, cuándo el auge turístico se está repartiendo en una manera absolutamente inequitativa, hay gente que está comiendo a dos carrillos, que se está atragantando de dólares y los sectores más débiles, los sectores que trabajan en los servicios turísticos no están percibiendo la bonanza de este sector que todos hemos contribuido a forjarla.

Porque los mismos que vienen aquí a presionar para que se apruebe este proyecto, muchos de ellos son los que se atragantaron con los incentivos turísticos, muchos de ellos se atragantaron con los certificados de abono tributario, pero quieren más, quieren más a costa de los trabajadores, a costa de los derechos sociales de este país.

Por eso, el Frente Amplio vota con todo orgullo y con toda responsabilidad en contra de este proyecto de ley.

Una visión desde la economía política

MSc. Sergio Reuben Soto
Profesor Escuela de Sociología

Un tema reciente de discusión en los círculos económicos de los EUA, es la estrategia con que la administración Bush y particularmente la Reserva Federal (FED) están enfrentando la crisis financiera, y la forma que intentan aislarla para reducir al mínimo el contagio del resto de la economía.

La crítica principal que se le hace a la estrategia oficial es el haber escogido el camino del aprovechamiento de la posición hegemónica y dominante que tiene la economía norteamericana en la economía mundial y la utilización inescrupulosa de la posición privilegiada del dólar en el sistema monetario internacional.

Las medidas de dinero fácil y barato de la FED (con un monto dispuesto para los agentes financieros y que ronda ya casi el ½ millón de millones de dólares, sin contar la baja en 3 puntos porcentuales de la tasa de interés), han hecho que la burbuja financiera inflada con miles de millones de dólares sobre el valor real de los activos, en lugar de desinflarse buscando el valor de estos, se mantenga inflada; en un dramático intento de desinflado con chiflido en vez de estallido.

Pero esta estrategia, que para algunos podría tener sentido; diferir las pérdidas en el tiempo con la esperanza de hacer más amable el inevitable trago amargo, tiene por fundamento, por un lado, una esperanza utópica en el sistema; como que pudiera digerirlo haciendo uso de una ampliación de la explotación del trabajador norteamericano como antiácido, y por otro, se asienta en la posición dominante de la economía norteamericana; con acuerdos comerciales a medida con innumerables países en vías de desarrollo, y la condición de privilegio del dólar como moneda única del sistema económico internacional.

Sostienen algunos analistas que el curso seguido por la administración Bush y la FED de Bernanke atenta en el largo plazo con la posición hegemónica de los Estados Unidos. Por un lado abre el frente interno, creando inestabilidad entre las clases trabajadoras y asalariadas, al debilitar sus condiciones de bienestar, y con ello, repudia la histórica alianza obrero-patronal que hizo posible la inmensa acumulación de capital llevada a cabo por ese país, conduciéndolo a la posición que hoy ostenta. Pero también abre un enfrentamiento con la comunidad económica internacional.

El traslado de los costos de la crisis hipotecaria (y el de sus efectos colaterales) a la economía internacional vía Tratados de Libre Comercio a la medida y la inundación de las plazas monetarias con dólares, tensa las relaciones comerciales con sus socios y estresa todo el comercio mundial, mientras hace perder la confianza en el valor de la moneda internacional. Al optar por una solución imperial, la administración actual de los Estados Unidos pone en peligro a los sistemas comercial y monetario internacionales, generando una crisis de grandes proporciones en el sistema económico mundial.

La potencia económica y militar que garantizaba una organización internacional de comercio, que respondía por el flujo e inversión de capitales y determinaba un estado de pax mundi, está deslegitimando, con la forma en que busca resolver su crisis interna, su posición hegemónica, y con ello pone en riesgo toda la estructura de convivencia internacional de la segunda post guerra.

Es, basados en este análisis sustantivo, que pensamos que nuestro país no puede seguir con la política ingenua de la actual administración Arias (y de la mayoría de las administraciones anteriores) de que lo que es bueno para los EUA es bueno para Costa Rica. El momento que ha adquirido el proceso de articulación económica y política de Sur América, el desarrollo de la Comunidad Europea , el nuevo peso económico y político de China, y la alta integración de las economías de los cinco continentes, hacen que lo que antes aparecía como una alianza estratégicamente ine­vitable aparezca ahora como una alternativa inconveniente y contraria a los intereses históricos del pueblo costarricense.

Nuestra burguesía es pragmática hasta el tuétano, lo ha demostrado en toda su corta historia, y ha recibido réditos por ello. La política de estado que requiere un aprovechamiento social económico y político de las nuevas circunstancias mundiales y un distanciamiento de las posturas imperiales norteamericanas, no puede llevarla a cabo la administración Arias, ni una coalición de los partidos que representen los intereses de los sectores hasta ahora hegemónicos. El pragmatismo no puede salirse del modelo que conoce.

La nueva política económica, social e internacional se está perfilando como resultado de un análisis más complejo, imaginativo y desprejuiciado de la condiciones de la crisis del capitalismo, de su gendarme internacional y de los nuevos movimientos sociales que están demandando nuevas formas de representación en el ejercicio del poder público y de participación en la distribución del excedente social.

Intervención del Diputado José Merino en el plenario de la Asamblea Legislativa, el día lunes 23 de junio de 2008, respondiendo a las declaraciones a la prensa del Director de la DIS, Roberto Solórzano, sobre las actuaciones de esta policía adscrita a la Presidencia de la República.

El Diputado José Merino se dirige a la población de Cariari de Pococí, en las afueras del Salón Surá.

EL FRENTE AMPLIO CRECE

El sábado 21 de junio una delegación del Frente Amplio asistió a 3 encuentros en la provincia de Limón. Antes de la actividad partidaria, el diputado José Merino analizó, con dirigentes de SINTRAJAP, la situación imperante en los muelles y ofreció su solidaridad y esfuerzo para enfrentar los intentos de privatización de los muelles.

A las 10 de la mañana se analizaron aspectos de las tareas a desarrollar para inscribir el Frente Amplio en la provincia de Limón y las perspectivas de coordinación con otras fuerzas políticas para forjar la unidad antineoliberal de cara al 2010.

A la 1 de la tarde, más de 200 personas esperaban al Frente Amplio en Cariari de Pococí. El diputado Merino expuso la situación del país e informó sobre sus gestiones para el pago de las indemnizaciones a las personas afectadas por el agrotóxico Nemagón. Seguidamente se entabló un diálogo abierto con todas las personas que tenían preguntas. En el transcurso de la reunión se recibieron numerosas adhesiones al Frente Amplio y se acordó empezar a realizar próximamente las asambleas distritales.

A las 4 de la tarde se efectuó una reunión de trabajo en Guápiles. Se hizo un análisis sobre las tareas a impulsar para la inscripción del partido en los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres y Sarapiquí, cantón que se trabaja desde el Atlántico, aunque pertenece a la provincia de Heredia.

El presidente del Frente Amplio, diputado José Merino, expresó, al finalizar la gira, su agradecimiento a todas las personas que apoyaron con su trabajo los encuentros, así como su optimismo, tanto de cara a las tareas de inscripción nacional, como por el crecimiento del partido como una fuerza política progresista y transformadora.